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Las complicaciones jurídicas del Gobierno de Canarias > Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

Alos Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias parece que le crecen los enanos. Es cierto que han cosechado algunos éxitos resonantes, como el de Tebeto -gracias, todo hay que decirlo, a la machaconería del presidente Rivero- , y que va escapando mal que bien de los dislates jurídicos que provocó la moratoria turística a cuenta de la pérdida de derechos adquiridos por algunos promotores. Pero su asesoramiento en materia de medios de comunicación social la verdad es que resulta, más que lamentable, incomprensible. A menos, claro está, que el Ejecutivo autonómico actúe por su cuenta y riesgo y, con imprudencia temeraria, se pase por la faja el asesoramiento de quienes cobran su salario para tratar de cumplir y hacer que otros cumplan la legalidad vigente.

La sentencia que acaba de colocar en el alero jurídico de la nulidad la concesión a Videoreport Canarias, S.A. de los Servicios Informativos de la televisión autonómica viene a añadir un varapalo más a un modo de actuar del Gobierno autonómico que más parece ligero y descuidado que ponderado y riguroso. Ya fue puro dislate el fallo del concurso público de las concesiones, prorrogables por diez años, para la gestión y explotación de canales de la televisión digital terrestre de ámbito local -46 de TDT local y 8 de ámbito local público-, insular y regional que dejó fuera a empresas periodísticas de largo recorrido en favor de otras con escasa capacidad económica o experiencia muy limitada, según los casos.

Tan escandalosamente improcedente fue la actuación gubernamental, visada, se supone, por sus Servicios Jurídicos, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, dictó varias sentencias que venían a anular el concurso como tal y obligaban al Gobierno a realizar una nueva estimación de las propuestas presentadas, por considerar que la Mesa de Contratación introdujo “factores de valoración que no constan en el pliego de condiciones”, lo que -según dice el tribunal-, falta a las exigibles garantías de rigurosidad y objetividad.

Consta que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Supremo y lo más probable es que éste ratifique las sentencias del TSJC si juzgamos por casos similares en otros puntos de España. En tal supuesto, el Ejecutivo canario tendría que hacer frente a diversas indemnizaciones si así las reclaman las empresas afectadas por la resolución judicial, tanto las que hayan ganado ésta como aquellas que pierdan su licencia al tener que convocarse un nuevo concurso, ya que, según se apunta en una de las sentencias, la adjudicación anulada “produce efectos no solo para las partes, sino también para todas las personas afectadas”. La verdad es que el concurso de marras olía desde un principio a amiguismos e intereses ocultos. El mismo proceso de selección se ejecutó, al decir de los jueces, con manifiesta “arbitrariedad, subjetividad y desviación de poder”. Hasta la Mesa de Contratación hizo “total dejación de sus funciones” al basar el fallo del concurso en un informe técnico que realizó la firma Doxa Consulting Group.

Lo malo es que ahora, como entonces, la situación sigue siendo sencillamente escandalosa porque el Gobierno se salta a la torera sus propias normas. No son pocos los adjudicatarios de emisoras de TDT que ni siquiera han firmado el correspondiente contrato de funcionamiento a que vienen obligados; muchos menos han puesto en marcha las actividades de sus respectivas televisiones dentro de los doce meses de plazo límite que tenían para ello y ahí siguen, como si tal cosa. Pese a estos flagrantes incumplimientos, el Ejecutivo ni ha anulado las licencias de emisión, ni ha dado salida legal al limbo jurídico en que se encuentra el problema.

Tampoco el Gobierno ha podido -o querido- dar cumplimiento a su anunciado deseo de favorecer a la industria audiovisual canaria, que en la actualidad apenas puede ofrecer algunos productos a la televisión autonómica -los cuales sufrirán severos recortes tras el anunciado cierre del segundo canal de la RTVC- y a Antena 3. Y no se está cumpliendo otro de los objetivos básicos que, según se dijo en su momento, buscaba el concurso: la defensa de la identidad canaria y de la cohesión entre las islas. Con algunas excepciones, parte de los contenidos de las emisiones canarias de la TDT sonroja por su falta de calidad, su escasa producción propia y el abuso de programas relativos al marujeo, los tarots, los chats, la teletienda y los anuncios de contenido sexual expreso.

Por si no fuera bastante este antecedente, el reciente fallo del concurso de concesión, por 15 años prorrogables, de 155 licencias de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia en la comunidad autónoma ha sido considerado por muchos como una nueva cacicada que vuelve a beneficiar a amigos del Gobierno y de su presidente. Tras el concurso, quedan maltratadas o marginadas cadenas nacionales y decenas de pequeñas empresas canarias de probada competencia profesional, así como promotores de radios sociales, culturales y comunitarias; estos últimos ni siquiera pudieron concurrir porque las bases del concurso no se lo permitían. Los grandes beneficiados han sido Canarias Difusión (Grupo 7.7), que logró 35 licencias; el empresario Miguel Concepción, 25, y la firma peninsular Kiss Radio, del empresario Blas Herrero, con 22.

En el Archipiélago emiten ilegalmente alrededor de 450 emisoras. El concurso fue convocado en julio de 2010 -y fallado un año y siete meses después- precisamente para tratar de poner un mínimo de orden en el sector. Lo que nadie esperaba es que empresarios y profesionales vinculados históricamente a la radio y de reconocido prestigio no lograran ninguna licencia y en cambio se otorgaran otras en número abrumadoramente considerable a los tres grupos antes citados. Dos de ellos ya han manifestado que les será imposible poner en marcha tantas emisoras, por los altos costos que supone, inabordables en estos momentos de recesión económica, pese a que tienen 18 meses de plazo límite para empezar a emitir. Además, la cadena Kiss Radio no tiene ninguna experiencia en información local canaria ni es conocida más allá de su actividad estrictamente musical.

Consta que varios de los concursantes se reunieron con responsables gubernamentales y de la Mesa de Contratación, los cuales prometieron un nuevo concurso y trataron de justificarse por los, en apariencia, absurdos criterios utilizados para la valoración de las programaciones de las emisoras. Y por las incoherencias a propósito de la ponderación o baremación de otros apartados previstos en las bases del concurso y referidos a infraestructuras de personal, medios técnicos, etc. Y ello al margen de no dar la menor importancia a la ausencia de especialistas en radiodifusión entre quienes integraban la citada Mesa.

El concurso, primero que se falla desde 1989 por desidia de las autoridades autonómicas, no podrá, como pretendía el presidente del Gobierno de Canarias, tener continuación con nuevas concesiones de licencias. Las ha negado el Ejecutivo central, a través de José Manuel Soria, más que por voluntad propia, porque la Unión Europea de Radiodifusión considera que el dial canario ya está sobresaturado. Era un intento para remediar el desaguisado que ha producido el fallo y que con toda probabilidad va a dar lugar a numerosos recursos. Distintas corporaciones, asociaciones y entidades, algunas vinculadas estrechamente a Coalición Canaria, han expresado su desacuerdo con la resolución del concurso, en algunos casos considerado sectario, propio de la práctica del amiguismo más escandaloso y como un ataque a la libertad de expresión y a la libre empresa.

Como remate final a este cúmulo de despropósitos, los consejeros socialistas del Ejecutivo regional hicieron pública su disconformidad con la solución dada al caso y anunciaron que no habían asistido a la parte del Consejo de Gobierno en que se aprobó el fallo. Una ridícula manera de justificar lo injustificable al tratar de salvar sus propias responsabilidades por la puerta de atrás, ya que dicho órgano es colegiado y todos sus miembros comparten necesariamente los acuerdos… a menos que se produzca antes de los mismos la dimisión o la destitución.

Para que nada falte ante tanto despropósito, el viernes pasado se anunciaba la anulación del concurso por el que la Televisión Pública de Canarias, S.A. adjudicó en 2008 a la empresa Videoreport Canarias, S.A. la gestión de sus servicios informativos. ¿Motivo? No observar la jueza que firma la sentencia motivos legales suficientes para que se declarase desierto el concurso de 2007, tras la exclusión de la única empresa licitante, la Sociedad Canaria de Televisión Regional (Socater), anterior concesionaria del servicio. Dos sentencias de un juzgado de lo contencioso de Las Palmas recogen los argumentos de la representación legal de Socater en su pleito contra la comunidad autónoma y dan al traste con el cambio de gestión introducido en la televisión autonómica al decidir sacar a concurso, en tres lotes diferentes, los servicios informativos, la publicidad y los programas.

Según trascendió, Socater se negaba a aceptar todas las condiciones del concurso, ya que no quería más que la producción de los servicios informativos, de ahí que se negara a aceptar la concesión de otro lote. La sentencia subraya que este hecho no es motivo bastante, sino una decisión desproporcionada, para que se declarara desierto el concurso, ya que -argumenta- la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas determina que toda empresa que acude a una licitación acepta incondicionalmente, por el mero hecho de hacerlo, la totalidad de las condiciones del concurso. En consecuencia, una sentencia anula la declaración n de desierto del primer concurso y otra, como consecuencia, la adjudicación del mismo a Videoreport.

Contra estas resoluciones cabe recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias tanto por parte de la comunidad autónoma como de Videoreport y Socater. Un responsable de esta última me decía ayer mismo que “en este asunto iremos hasta el final porque estamos ante el atropello de nuestros derechos por parte del Gobierno”. Un enredo más que, como en los casos anteriores de la TDT y la radio, puede dar lugar a recursos, indemnizaciones y líos judiciales que seguramente se sustanciarán dentro de unos cuantos años, cuando ya nada tenga remedio y resulte imposible exigir responsabilidades políticas y económicas a los culpables de tanto lío.

¿Qué tendrán los medios de comunicación social para que una y otra vez, sistemáticamente, las autoridades se equivoquen con la búsqueda de influencias y favoritismos sin que les importe el respeto a la legalidad vigente y la correcta aplicación de la ley? Pero lo peor del error no es lo que en él hay de falsedad sino, como afirma el ensayista y moralista francés Joseph Joubert, de libre voluntad, de ceguera y de apasionamiento.