DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El Colegio de Abogados tinerfeño hizo público un escrito muy crítico con la decisión del Gobierno central de aumentar las tasas judiciales, una medida que a su juicio convierte a la Justicia española en “cara además de lenta”.

El comunicado en cuestión recuerda cómo la Ley 25/1986 logró cumplir el mandato constitucional que garantiza el acceso a la justicia de todos los ciudadanos con independencia de su situación económica y posición social gracias, precisamente, a la supresión total de las tasas acordada entonces.

Sin embargo, fue en 2002 cuando se recuperó una tasa para gravar a las personas jurídicas de mayor entidad económica pero “como era de temer y por medio de normas posteriores se fue extendiendo hasta la actualidad en que alcanza a todas las personas -las físicas también -y a todas las jurisdicciones ­menos la penal -puesto que el R.D-L, aprobado por el Consejo de Ministros del viernes 13 de abril incluye -salvo por lo que se refiere a la 1ª instancia – al orden de lo social, hasta ahora libre de ese obstáculo, y todo eso, por importes excesivos y desorbitados: Un recurso de Apelación 800 euros, y uno de casación o infracción procesal 1.200 euros”.

Además de calificar como “rancia institución” las tasas judiciales en la nota se “deplora especialmente por pueril el pretexto oficial de ‘evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados”.

Para el Colegio de Abogados , “tratar de aliviar la carga de trabajo que soportan los tribunales poniendo obstáculos económicos para acceder al proceso es atacar frontalmente al principio constitucional de la tutela judicial efectiva”.

Por último, el comunicado rechaza que se intente justificar la medida comparándola con los honorarios de los abogados. “Es como justificar el copago sanitario con el sueldo de los doctores y enfermeros”, concluye el comunicado.