JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Una medida “injusta”, “desafortunada” y que puede tener un “efecto perverso” en la sociedad. Así de tajante se manifestó ayer el viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Melchor Núñez, respecto a la denuncia publicada en el DIARIO de que en algunos centros de salud del Archipiélago se ha negado la atención a inmigrantes en situación irregular. Núñez reconoció no tener conocimiento de ello, aunque dijo conocer un caso, paradójicamente de un extranjero regularizado, que había sido “increpado” en un ambulatorio.
El viceconsejero reiteró que la medida, aprobada el jueves por el Congreso e incluida en el Decreto-Ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto, “no es deseable”. En su opinión, “genera una situación dudosamente ética para los profesionales sanitarios, que no pueden negar la asistencia. Ello creará situaciones indeseables en los hospitales y centros de salud”, recalca Melchor Núñez, quien considera que la decisión del Gobierno del Partido Popular “culpabiliza a los inmigrantes, sean regulares o no, de un supuesto sobrecosto del sistema sanitario”. Para el viceconsejero de Inmigración , “no se puede hacer de los inmigrantes los chivos expiatorios de los problemas sanitarios del país. Sobre todo, porque han venido a ayudar y han colaborado con el desarrollo del modelo”, sostuvo. Tras el visto bueno dado por el Congreso, el decreto entrará en vigor el 1 de septiembre. Según el mismo, los extranjeros en situación irregular sólo tendrán derecho a ser atendidos en urgencias, hasta que se les dé el alta, durante el período del embarazo, parto y posparto, y a que los menores de 18 años reciban asistencia pediátrica en las mismas condiciones que los niños y adolescentes españoles.
En Canarias, la decisión del Gobierno afectará al menos a unos 42.000 extranjeros que no tienen regularizada su situación. La decisión del Ejecutivo de Rajoy ha generado un enorme malestar entre las asociaciones de inmigrantes que residen en el Archipiélago, varias de las cuáles denunciaron en este periódico que algunos centros de salud han empezado a aplicar ya el controvertido decreto. Eso es, al menos, lo que aseguró la secretaria de la Asociación La Voz de las Mujeres Senegalesas en Tenerife, Ndeye Marie Dasylva, quien dijo conocer a varias personas “a las que no han querido atender porque no tenían papeles”.
Dasylva recordó que “todas las personas tienen derecho a la asistencia, estén en la situación legal que estén”. “En lugar de ir hacia delante, este tipo de medidas nos hacen retroceder años de trabajo por la integración”, subrayó la inmigrante senegalesa, quien dejó claro que “durante mucho tiempo los inmigrantes han ayudado a desarrollar Canarias, y ahora les dan la espalda”.
Pese a sus quejas, la Consejería regional de Sanidad afirma que “los inmigrantes siguen siendo atendidos por parte del Servicio Canario de la Salud. Según el Real Decreto, a partir del 31 de agosto será el Instituto Nacional de la Seguridad Social quien conceda o no el derecho a obtener la asistencia sanitaria en España”.
Al respecto, el viceconsejero de Inmigración, Melchor Núñez, aclaró que todavía no hay una posición del Gobierno de Canarias de cara a si se podrá o no asumir la prestación sanitaria de las personas que queden sin cobertura. “Pero no sería fácil hacerlo en la situación actual en la que estamos, con los recortes que se están acometiendo. Aunque no es una decisión que se haya tomado aún”, concluyó.
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Sin dinero para la integración
El viceconsejero de Políticas Sociales del Ejecutivo canario, Melchor Núñez, recordó que la no cobertura sanitaria de los sin papeles “va pareja del recorte drástico en los fondos destinados a las políticas de acogimiento e integración de los inmigrantes”. “Forma parte de una estrategia de debilitamiento de estas políticas sociales”, denotó Núñez, quien dejó claro que el Gobierno canario ya ha manifestado su desaprobación. En este sentido, el viceconsejero manifestó que si ahora mismo se aprobaran los Presupuestos del Estado, tal y como están planteados, “nos quedaríamos con cero euros para acogimiento e integración”. Ello supondrá, según Melchor Núñez, que el Ejecutivo autonómico no pueda poner en marcha el Plan de Acción que venía desarrollando hasta ahora, y que no pueda financiar muchos programas de administraciones, organizaciones y entidades sociales, como Cruz Roja, Cáritas o el propio Cabildo de Tenerife.
“Es verdad que ahora no tenemos un problema de inmigración irregular como el que padecimos en 2008 o 2009, porque la presión migratoria ha disminuido, pero la supresión total de esos fondos es una barbaridad”, arguyó Melchor Núñez, quien se mostró pesimista respecto a una posible enmienda presupuestaria o reposición del fondo para la acogida e integración. En cualquier caso, Núñez insistió en que no será el SCS el que no vaya a asistir a los inmigrantes irregulares, sino que “será el INSS quien no pagará el coste que genere esa atención”.
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