En el año 1983, los presupuestos de Canarias eran de 460 millones de euros. El año pasado fueron de 6.700 millones. Han crecido catorce veces. El PIB de las islas en los años 80 era de 10.000 millones y hoy está por los 41.000 millones. Ha crecido cuatro veces. La Administración autonómica ha engordado por las transferencias, básicamente en Educación y Sanidad, pero también por el aumento de la presión fiscal. Y lo que es más importante, la Administración central, que se vació de dinero y competencias a favor de las autonomías, tiene el doble de efectivos que cuando comenzó a quitarse responsabilidades de gestión.
El problema no es el tamaño, sino si podemos pagarlo. Cuando llegó la primera ola del tsunami de la crisis, el mercado privado empezó el reajuste que pagaron primero los trabajadores. Ya vamos por los 360.000 parados en Canarias. Hasta el año 2011, hasta ayer mismo, el empleo público en Canarias siguió creciendo como si la crisis no fuera con las administraciones. Algo pasa cuando una estructura resulta ajena a la realidad. Cuando los tentáculos de la recesión han alcanzado a las administraciones, los gobiernos -de todos los colores políticos y territoriales- tocan a rebato subiendo impuestos directos, indirectos y especiales para “salvar el Estado de bienestar”. ¿Nadie les ha dicho que aquí, desde hace cuatro años, ya no hay nadie que esté en el bienestar, a excepción de los exdirigentes de las cajas de ahorros? Todos los sacrificios y los esfuerzos, todas las penurias, han caído como lenguas de fuego sobre la sociedad civil, que ha pagado la crisis con cierres de pequeñas empresas, despidos, desahucios, impagos y miseria.
Para salvar a la Administración hay que salvar a los contribuyentes que la sostienen. Si no hay medidas para reactivar la economía productiva más tarde o más temprano caerán los servicios públicos. Las medidas de austeridad y recortes no se pueden sostener sobre el incremento de la presión fiscal en un país donde la clase activa que trabaja empieza a parecerse a una reserva comanche. El fraude generalizado, la pérdida de la responsabilidad fiscal de una sociedad que se indigna al ver la frivolidad con la que se gasta el dinero de sus impuestos, nos sitúa en términos de una crisis de confianza más devastadora que la propia crisis económica. Hace falta regenerar esta democracia podrida por unos partidos políticos infames y una burocracia crecida a su sombra, que nada tiene de servicio público. Como hoy podría decir el amigo Clinton; no es la economía, estúpidos. Son ustedes.
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