J. M. | Santa Cruz de Tenerife

El director de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Manuel Ortega, afirmó ayer a este medio que la operación prevista por la Corporación insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de aportar una subvención para favorecer el cese permanente de la actividad de los taxis es legal. De esta manera, coincidió con su homóloga en el Ayuntamiento capitalino, Carmen Delia González, en lo que respecta a la doble denuncia a la Fiscalía presentada por la Federación del Taxi de la Unión Sindical Obrera (USO).

El sindicato formuló la citada denuncia al entender que el rescate de 60 licencias de auto-taxis previo pago de una determinada suma de dinero, propuesto por la Corporación municipal santacrucera y el Cabildo, incumple la ley de transportes vigente, regulada por el Decreto 763/79 de 16 de marzo, que en su artículo 14 prohíbe la venta y el pago de cantidad alguna por las licencias.

En esta línea, Ortega insistió en que la operación prevista en Santa Cruz tiene varios antecedentes. Uno data del año 2004, ya que un decreto del Ministerio de Fomento “regula la compensación económica de unos 3.000 euros para los profesionales del transporte que a partir de una cierta edad, aunque no hayan llegado a la jubilación, si lo desean pueden cesar su actividad”. Esta ayuda es convocada todos los años.

El otro antecedente, “que no fue tan afortunado”, tuvo lugar en Barcelona en 1998 cuando se rescataron varias licencias de taxi, “pero en este caso el dinero se obtuvo mediante una tasa impuesta al resto de vehículos de licencia municipal”.