EFE| Santa Cruz de Tenerife
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Educación, José Miguel Pérez, garantizó en el pleno del Parlamento regional que el incremento de las tasas universitarias que se aplicará el próximo curso en las dos universidades públicas estará en el tramo inferior al que obliga el decreto del Gobierno central para recortar el gasto, que calculó en una subida del 42 por ciento.
En una comparecencia parlamentaria, Pérez dijo que el decreto del Gobierno del PP impone subidas “terroríficas” en las tasas, al establecer que deben estar entre un 15 y un 25 por ciento del coste medio del gasto por alumno.
Eso supone, respecto a las actuales tasas, que las alternativas para la comunidad autónoma son un incremento mínimo del 42 por ciento (si la comunidad autónoma opta por cubrir con las tasas el 15 por ciento del coste) y del 135 por ciento (si se opta por cubrir el 25 por ciento del coste).
“Siempre iremos a la tasa mínima”, dijo José Miguel Pérez, quien denunció que este aumento del coste educativo para los estudiantes llevará al abandono de las universidades de muchos de ellos por no poder pagarlo.
Además, denunció que el real decreto recorta las becas y los requisitos para acceder a ellas.
“Cuando los alumnos vayan a matricularse en septiembre verán que la subida va a ser de un taponazo. Si tuviéramos capacidad jurídica para impedirlo no subiríamos las tasas, pero nos vemos obligados”, dijo.
Para el consejero de Educación, si se traslada a Canarias el recorte total de 2.000 millones de euros que prevé el decreto del Gobierno central la reducción para las dos universidades sería de unos 80 millones.
Ese decreto sólo lo ha apoyado el PP en el Congreso de los diputados y ha sido rechazado por toda la comunidad educativa, dijo José Miguel Pérez, quien se lamentó de que va a tener un impacto muy negativo sobre las universidades españolas.
Aunque el efecto del recorte sobre las universidades canarias será difícil de afrontar, “vamos a trabajar conjuntamente en la respuesta” con el profesorado y con los rectores, anunció el consejero.
El objetivo es intentar amortiguar el efecto de esos recortes para los estudiantes y para el profesorado, dijo.
La diputada del PP Milagros Bethencourt dijo que no se puede defender un modelo universitario en el que el 40 por ciento de los estudiantes abandona el primer año y aseguró que los recortes no tienen carácter ideológico ni tienen que ver con la calidad, sino con “la supervivencia del estado de bienestar que ha dejado quebrado el gobierno socialista”.
Afirmó la diputada del PP que la convocatoria de becas tiene la misma cantidad consignada que en 2011 y solamente se ha incrementado la nota mínima para acceder a ellas hasta 5,5.
En cuanto a las tasas, sostuvo que las comunidades autónomas son las que deben determinarlas, porque el Ministerio no obliga a que se suban.
Rita Gómez, del grupo socialista, con este recorte por motivos ideológicos el PP se sitúa está de espaldas a toda la sociedad canaria.
“La crisis sirve de excusa al PP para acabar con el estado de bienestar” y para beneficiar a las universidades privadas, de manera que la educación superior se limitará a los que puedan pagarla, dijo.
Marisa Zamora, de Coalición Canaria, dijo que los recortes suponen que ya no se habla de calidad y excelencia de las universidades canarias, sino de su supervivencia.
“Es un recorte funesto, supone un aumento desmesurado de las tasas académicas y una reducción de las becas”, denunció.
La diputada de Nueva Canarias María del Carmen Hernández dijo que el PP está aplicando la lógica de los mercados a la educación y definió los recortes como injustos e ilegítimos, porque no estaban en el programa electoral del PP.