DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
Canarias se encuentra entre las cinco últimas comunidades autónomas por renta per cápita. Sin embargo, no es de las que menos empleados públicos tiene. Tampoco está en el grupo de cabeza. En la tabla de la distribución de efectivos de la Administración autonómica, el Archipiélago aparece a la mitad: por encima hay ocho regiones y por abajo otras tantas. A simple vista, se observa que las diecisiete guardan la proporción con la población.
Pero el análisis no resulta completo sin la vinculación de estos datos con el producto interior bruto (PIB) de cada territorio. De esa comparativa resulta que, con una renta per cápita de 19.806 euros, Canarias solo contabiliza 4.148 efectivos menos que el País Vasco, que es la Comunidad con mayor renta (31.288) de España.
Con una población similar, 2.123.169 sobre 2.117.232 habitantes a favor de Euskadi, la renta de las Islas es de 11.482 euros menos por residente.
La Administración autonómica de Extremadura (1.082.803 habitantes y 16.149 euros de renta per cápita, la más baja) da trabajo a 46.674 personas, lo que la convierte en la undécima Comunidad Autónoma en este capítulo.
Un puesto por delante en el nivel de renta (17.587 euros), Andalucía (8.294.333 habitantes) cuenta con 253.914 empleados públicos autonómicos, la que más. Le sigue, con 165.603 efectivos, Cataluña (7.304.658 habitantes y 27.430 euros de renta per cápita). La Comunidad Autónoma con menos nóminas es La Rioja (10.509), 311.968 habitantes y 26.129 euros de renta.
Según el boletín estadístico del personal elaborado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, Canarias registra 137.912 efectivos entre todas las administraciones (nacional, autonómica, insular y local).
En el conjunto del país son 2.690.099, incluyendo los 103.106 de las universidades públicas: Administración pública estatal, 592.531; administraciones autonómicas, 1.347.835; ayuntamientos, diputaciones, cabildos (Canarias); y consejos insulares (Baleares), 646.627.
Canarias dispone de 18.181 empleados públicos más que tres comunidades autónomas juntas: Navarra (34.490), Cantabria (33.708) y La Rioja (17.043), que suman 119.731. Por áreas de actividad, se distribuyen así: Administración pública estatal, 26.930; Administración autonómica, 62.019; ayuntamientos y cabildos, 45.646, y universidades, 3.317.
A modo de referencia, el Archipiélago acredita 51.510 empleados autonómicos más que la Comunidad con menos (La Rioja) y 191.895 menos que Andalucía, en el otro extremo. Curiosamente, Canarias paga a 7.695 empleados autonómicos más que tres comunidades juntas: Navarra (23.815), Cantabria (20.000) y La Rioja (10.509) suman 54.324.
Del total de empleados públicos de la Administración autonómica, 32.095 corresponden a la provincia de Las Palmas y 29.924 a la de Santa Cruz de Tenerife. Por sexo, hay 19.927 hombres y 42.092 mujeres.
Dentro de la Administración general de la Comunidad Autónoma, las consejerías y sus organismos dan cabida a 8.332 empleados (3.312 hombres y 5.020 mujeres), la docencia no universitaria, a 26.373 (8.214 hombres y 18.159 mujeres), y los organismos sanitarios, a 25.063 (7.646 hombres y 17.417 mujeres). Los efectivos de las fuerzas de seguridad son 95 (89 hombres y 6 mujeres), al tiempo que en Justicia hay 2.156 trabajadores (666 hombres y 1.490 mujeres).
Los expertos ponen de relieve que el empleo público creció por debajo de la media del mercado laboral en el periodo expansivo de la economía y que el ajuste por la crisis le ha afectado más tarde. En 2011, la población asalariada en España disminuyó un 3,17% y el empleo en este sector (Administración y diversos entes) se contrajo en un 1,09%.
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En defensa de la estabilidad laboral y de los servicios esenciales
Justicia distributiva. “Para conseguir una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, basada en la justicia distributiva y la universalidad, los empleados públicos resultan, no solo necesarios, sino imprescindibles”. Así comienza un documento publicado por la UGT.
Gasto ponderado. Ante las críticas procedentes de determinados ámbitos y frente a los “ataques de los poderes políticos”, los sindicatos se afanan en demostrar que el gasto que supone pagar las nóminas de los empleados públicos es muy ponderado.
El modelo alemán. Mientras el Gobierno de Canarias rebaja en un 5% anual el salario de sus empleados públicos, los alemanes se beneficiarán de una subida del 6,3% en los próximos dos años. Durante las negociaciones, el Sindicato Unido de Servicios (Ver.di) renunció al pago del componente social que había exigido. Este acuerdo evita los despidos masivos en un colectivo de cerca de dos millones de trabajadores.
Congelación salarial. La congelación del salario de los empleados públicos en 2012 es la cuarta desde el comienzo de la actual etapa democrática. Antes del Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo hicieron Felipe González (1994), José María Aznar (1997) y José Luis Rodríguez Zapatero (2011). En mayo de 2010, Zapatero rebajó un 5% el sueldo de estos trabajadores. Era la primera vez que se adoptaba esta medida en España.
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