La enseñanza ha de ser concebida como una prestación ineludible e inexcusable en el Estado de Bienestar, y el compromiso de todos con nuestras universidades, en su función de crear hombres y mujeres libres y empleables, ha de ser permanente. El verdadero cambio de modelo económico ha de pasar por la inversión en formación y en I+D+i+d.

Creemos firmemente en el principio constitucional de autonomía de la universidad, su capacidad para estructurar de manera autónoma la tarea académica, en un ambiente en el que se potencie la eficacia científica y docente.

Una buena proporción de las iniciativas investigadoras de España nacen en las universidades. Los estudios demuestran que en ellas se forma un 70% de nuestra producción científica, y el trabajo de nuestras actuales generaciones de universitarios es altamente demandado fuera de nuestras fronteras.

Es fundamental que la reforma que se ha anunciado en el sistema parta de una verdadera reflexión sobre el futuro de estas instituciones, y nos lleve a sacar conclusiones sobre el motivo por el cual ninguna de ellas aparece en los conocidos ránking de las 200 primeras del mundo.

Necesitamos internacionalizar nuestra universidad y nuestra investigación, para que tenga valor añadido, y se aplique con éxito a otros campos productivos, siguiendo un modelo de responsabilidad social corporativa que permita que las empresas puedan implicarse en proyectos destinados a revertir en la sociedad.

La existencia de un número más que apreciable de universidades diseminadas por toda la geografía estatal ha motivado que haya escasísima competencia entre ellas, puesto que ha primado el inmovilismo y la búsqueda de una cierta comodidad en el transporte, a diferencia de lo que sucede en otros lugares del mundo.

Salvo en contadas y honrosas excepciones, el estudiante tiene escaso interés por asistir a una u otra universidad, lo que evidencia la necesidad de hacer más atractivos los programas de estudios, que han de ajustarse a las necesidades de la sociedad, y no a las de la propia facultad, sin desdeñar las ciencias sociales, que son básicas e imprescindibles.

La universidad ha dado reiteradas muestras de madurez, y ha llegado el momento de pasar de la cantidad a la calidad y al fomento de la competitividad entre los centros, partiendo de un criterio de viabilidad.

El Proceso de Bolonia, que ha uniformado planes de estudio y sistemas en toda Europa, ha supuesto un importante avance, pero es necesario ir a más.

Lo demuestra el caso concreto de Estados Unidos, donde la experiencia como estudiante es parte fundamental en un proyecto de vida, y donde existe una competencia intensa entre todas las universidades.

Se prima la movilidad, y para las familias americanas -que emplean para ello los ahorros de toda una vida- enviar a un hijo a estudiar lejos del domicilio familiar es concebido como una forma de crecimiento personal en busca de la mejor formación posible a través del hecho universitario.

Existe un amplio catálogo de profesores que pueden contratarse con la misma libertad que se hace en la empresa privada, y de hecho, los estudiantes están dispuestos a esforzarse por sacar la mejor nota posible para acceder al centro deseado.

Siguiendo el criterio anteriormente mencionado respecto a la participación privada en la vida universitaria, son muchas las entidades norteamericanas que se benefician de este sistema, y aprovechan para programar cursos y actividades diversas en los centros, aprovechando su buen nombre e instalaciones. Toda la sociedad forma parte del campus y se siente orgullosa de ello.

Aperturismo y competencia en los centros norteamericanos frente a la situación demasiado estática de la española.

La burocracia excesiva que afecta directamente a la función pública, es un fenómeno que también aqueja a la propia universidad, que necesita marcarse objetivos y lograrlos. No vale la inercia como programación.

Al igual que sucede en la empresa, en el mundo de la educación, las universidades españolas habrían de trabajar por ofrecer los mejores productos a sus potenciales usuarios, los estudiantes. El reto está en la calidad y la competitividad entre el sistema español y nuestro entorno, en cuyo sostenimiento colaboraría la sociedad civil a través de los pertinentes convenios y actuaciones conjuntas. Tenemos que replantearnos esta reforma con sosiego y valentía, aprovechando el principio de libre circulación de conocimiento, para racionalizar los recursos con que contamos.

La riqueza que el sistema universitario puede generar es infinitamente mayor que el coste que puede representar, pues cada euro destinado a formación no es un gasto, sino una inversión de futuro.

*Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife y senador por la Isla