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Reig Plá > Luis Ortega

Cuando distintos conflictos amenazan los flancos estratégicos de la Iglesia -el económico, con el cese fulminante del director de la banca vaticana y la reclamación socialista y de algunos alcaldes del PP; y el político (aunque se podría utilizar otro término), con la detención del mayordomo del papa, acusado de “revelación de secretos de un jefe de estado”-, el sector ultra de la Iglesia española organiza una mascletá sobre el asunto cansino de la homosexualidad, que arrancó precisamente el Viernes Santo. A las inconveniencias de un mitrado del sector duro -vinculado además a escándalos bursátiles cuando ocupaba la seo de Castellón- se unió este fin de semana el alter ego de monseñor Rouco, Rodríguez Camino, que, no sabemos si personal o colectivamente (es secretario de la CEE), apoyó las intemperancias de Juan Antonio Reig Plá, que la calificó como una enfermedad -curable, eso sí- o como “una vía directa al infierno”, sobre el que pasaron de puntillas los últimos pontífices. Algunos observadores ven en estas diatribas una maniobra de despiste e, incluso, un amago de pulso al gobierno conservador, pendiente de una decisión del Constitucional sobre el matrimonio homosexual que puede acarrear un caos legislativo y una tormenta de reclamaciones económicas en torno a derechos y herencias de los nuevos matrimonios; algunos, por cierto, oficiados por el actual ministro de Justicia, el Gallardón, que, por fin, enseñó su rostro. En estas escaramuzas entró la oposición en bloque del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que, contra la minoría de gobierno del PP, ha vetado la presencia de Reig en los actos organizados por el ayuntamiento y ha pedido, desde luego sin resultado, el traslado del lenguaraz ordinario que ve en estas decisiones del poder civil, “un ataque a la Iglesia y a la libertad religiosa”. Es legítimo que, en su esfera y para sus seguidores, los presbíteros impartan doctrina; nada que oponer a cómo piensen y actúen, siempre y cuando no salgan de su ámbito y no conviertan los asuntos de fe en mandatos civiles. Para eso están los representantes populares, que, con el poder del pueblo que los eligió, pueden recordar a los religiosos -una parte respetable de la sociedad- hasta donde llegan sus competencias y que el hermoso sentimiento de la fe es una elección personal -como algunas de las actitudes que condenan, la elección sexual- y que no se pueden imponer por decreto como en los tiempos en los que el dictador utilizaban el palio reservado al Santísimo.