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Tiempo de acuerdos y pactos obligados > Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

Los acontecimientos políticos y económicos se suceden con tal rapidez que la entrevista entre Mariano Rajoy y Paulino Rivero parece que se celebró hace una eternidad, y sin embargo data del martes pasado, en medio de dos periplos del presidente del Gobierno español en los que se reunió con Angela Merkel, en Chicago, y François Hollande, en París. Las llamadas, presiones y sugerencias dirigidas al inquilino del Palacio de La Moncloa y su entorno -ejercidas desde todas las instancias: políticas, empresariales, hasta de la Casa Real y de José Carlos Mauricio, que parece buscar una resurrección favorecedora de los intereses de CC en la provincia de Las Palmas- para que adelantara el encuentro, situaron éste en el momento quizás menos oportuno para las conveniencias canarias. Pero resultaba inaceptable tanto retraso, no sé si decidido para hacer pagar a Rivero su alianza con el PSOE canario o porque José Manuel Soria influyó, lo que no me extrañaría, para demorar hasta lo imposible una cita obligada por razones de educación. Si no recuerdo mal, sólo el presidente de La Rioja y los recientemente nombrados jefes de los gobiernos asturiano y andaluz no han desfilado aún por la sede de la Presidencia del Gobierno central.

En todo caso, la conversación, de apenas hora y cuarto, aunque formalmente correcta, cortés y aun cordial, entre ambos líderes ha servido para visualizar el aparente desatasco del punto muerto en que se hallaban las relaciones entre las Islas y el Ejecutivo del Estado. Las inoportunas y reiteradas declaraciones un tanto desafiantes y siempre críticas con las políticas del PP del propio Rivero y las no menos agresivas y sistemáticamente desestabilizadoras de José Manuel Soria -que a toda costa quiere echar a CC del Gobierno, o al menos forzar su salida-, amén de los recortes presupuestarios, han contribuido a agriar los vínculos entre los dirigentes nacionales y autonómicos y a su vez han provocado un grave perjuicio a los intereses generales de Canarias. Resulta inaudito que, por desavenencias personales e ideológicas, todo un pueblo haya de sufrir los efectos lesivos de desencuentros institucionales más propios de épocas de feudalismo y vasallaje. Pero así son los desvaríos de nuestra clase dirigente, incluso en obligados tiempos de unión y concordia como los actuales.

Según lo pactado, antes de mediados de julio representantes de los gobiernos español y canario se sentarán en torno a una mesa para abordar los asuntos de mayor interés para las dos partes, en especial los Presupuestos del Estado para 2013, ya que los del presente ejercicio no van a sufrir ninguna alteración, ni se prevé la incorporación de enmiendas en el Senado, salvo, en todo caso, las subvenciones para el funcionamiento de las desaladoras públicas del Archipiélago. Se trata de reunir a la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, creada en 2001 por el entonces Ministerio de Administraciones Públicas -cuyo titular era Jesús Posada, hoy presidente del Congreso de los Diputados-, como “un instrumento esencial de cooperación y entendimiento entre ambas administraciones” y para poder llegar a acuerdos que eviten la interposición de recursos de inconstitucionalidad. En lo esencial, la comisión trata de concretar la realización de planes, programas y actuaciones conjuntas y de establecer convenios de colaboración en los ámbitos que se estime convenientes.

El propio Rivero ha anticipado que él mismo presidirá la delegación canaria y que la del Ejecutivo central la encabezará su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. A través de la delegada del Gobierno y persona de su absoluta confianza, María del Carmen Hernández Bento, Soria, que ni en broma quiere perder comba sobre los asuntos canarios -más aún cuando alardea de su oposición frontal a las actuales políticas del Ejecutivo regional-, ya se ha dado por incluido en la futura delegación estatal porque, obviamente, los asuntos turísticos y energéticos, de los que es máximo responsable nacional, figurarán en la agenda de prioridades. De modo y manera que tendremos sentados frente a frente a quienes están más obligados a defender a Canarias desde sus respectivas responsabilidades. A ver si entonces sus públicos odios y enfrentamientos dan paso a la necesaria colaboración institucional, que es lo que todos deseamos.

Con estas expectativas, las partes hoy enfrentadas tendrán que modificar cuanto antes -no dan esa impresión las últimas intervenciones en sede parlamentaria de los dirigentes populares, socialistas y nacionalistas- sus actitudes personales y el trasfondo de sus desacuerdos. La prudencia y la mejora del clima de entendimiento aconseja vivamente un cambio si de verdad se quiere llegar a acuerdos entre los dos gobiernos e incluso en el ámbito mismo de la comunidad autónoma, tan necesitado de templanzas y buena armonía. Persistir en actitudes institucionales tozudas, en hostigamientos y en utilizar por sistema las descalificaciones y la política del “y tú más” conduce a la inoperancia política y al hastío de la ciudadanía. Y en esas estamos, aunque ni unos ni otros, ciegos por la aversión y la desconfianza, lo quieran ver. He sondeado en medios cercanos a las dos instancias, y ambas me aseguran que la agenda del posible temario está abierta y deberá ser concretada en las próximas semanas. Pero tanto Madrid como Canarias tienen bien claro que algunos temas resultan prioritarios. Por ejemplo, los convenios en marcha pero que en fechas próximas quedarán paralizados por falta de fondos estatales, en materia de infraestructuras sobre todo. Y aquellas cuestiones que más afectan a las necesidades de las Islas, como el empleo, la cohesión social y la pobreza, la sanidad, la educación, las energías renovables, la rehabilitación turística, el desarrollo rural, los transportes, la revisión del REF, el desarrollo industrial y rural y, prioritariamente, la mejora de la financiación autonómica, hoy a la cola de España, como reconocen desde La Moncloa en razón de medidas muy desafortunadas aprobadas por el Gobierno Zapatero y ante las que Canarias debió manifestar su desacuerdo.

Gran parte de estos asuntos, pero sobre todo la financiación y el REF de manera imprescindible -la revisión del Estatuto ya no corre prisa dada la gravedad de los problemas presentes-, sugieren la conveniencia de consensos y acuerdos previos en el Parlamento de Canarias, de modo que en lo esencial gocen del respaldo unánime de todas las fuerzas políticas. Ni las Islas pueden seguir perdiendo nivel de renta, ganando pobreza y enfrentándose a un futuro de posibles desafecciones políticas, como ha denunciado ante un grupo de periodistas madrileños el vicepresidente Pérez, ni tampoco el Gobierno seguir instalado en la inacción por falta de iniciativa, coraje y liderazgo. Las cuestiones más actuales y problemáticas, empezando por la incentivación del empleo y la actividad económica, siguen sin ser debatidas a fondo en el Parlamento Autonómico y el Ejecutivo sigue abrumado y paralizado a la hora de actuar decididamente sobre su propia estructura jurídico-administrativa y la maraña de leyes que son un gravísimo obstáculo para acometer cualquier problema relacionado con el territorio y el urbanismo.

Dada la urgencia de ambas cuestiones, ni siquiera resulta conveniente esperar a que el comité de expertos para la reforma de las Administraciones Públicas de Canarias, que preside el profesor Rivero Ceballos, ofrezca sus meditadas propuestas, que sí serán útiles, cómo no, para el futuro. Pero hoy mismo es urgentísimo hincarle el diente a las cuestiones citadas, aunque exijan una remodelación gubernamental o un nuevo reparto de poder entre CC y PSOE. El sector público, incluidas sus empresas y fundaciones, exige una racionalización inmediata, con las graves consecuencias que conlleva una reducción de su tamaño y un mejor reparto de competencias en aras de la deseable racionalidad y eficiencia, además de las exigencias de cumplimiento del déficit público. Y lo mismo cabe decir de algunos aspectos relacionados con la sanidad y la educación. Ese afán de mantenella y no enmendalla, de resistirse a las medidas de ajuste para aguantar un poco más y pagar ese inmovilismo con una subida de impuestos generalizada, no resiste un análisis serio.

A nadie -en Madrid o en cualquier comunidad autónoma- le gusta recortar, ni ajustar, ni encoger derechos, ni congelar contratos o suspender prórrogas, menos aún despedir. Pero si no hay dinero y resulta obligado -por imposición o convencimiento, que a la postre tanto da- agarrarse a la dura realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿No llevar al límite la austeridad y la limitación del déficit público, que viene por orden de Bruselas y de otras instancias que nos desbordan? ¿Por qué no se le dice a la gente la verdadera situación española y canaria? ¿Cómo se van a subir impuestos en la cuantía y amplitud que se ha anunciado en el Archipiélago, aunque ahora se habla de cambiar el IGIG por una tasa en el sector turístico, cuando el paro no cesa, el consumo sigue parado, los ingresos decaen y las necesidades sociales, que es obligado atender por razones morales y de solidaridad, crecen en proporción geométrica?

Entiendo las buenas intenciones del consejero de Educación para mantener, ya que no potenciar, las aspiraciones del sector educativo público, que es de vital importancia para la formación de las nuevas generaciones de canarios. La cuestión es si Canarias puede afrontar los sobrecostos que esa política trae consigo o si, en otro caso, cabe adoptar mejoras en la gestión y medidas temporales más severas -en tanto dure la crisis- para compensar los gastos educativos, por ejemplo a través de copagos sanitarios por parte de las clases más favorecidas de la sociedad. Incluso si los mercados, dada la actual incertidumbre, estarían en condiciones de ayudar a tal objetivo cubriendo, en condiciones aceptables, la prevista emisión de deuda pública canaria por importe de unos 500 millones de euros.

En este y en otros asuntos destacados la pelota está en el tejado isleño y no vale mirar a Madrid o Bruselas buscando culpables o solicitando más recursos, que no los hay. Lo inteligente es que los políticos canarios, con el Gobierno a la cabeza y el empresariado detrás, traten de resolver nuestros propios problemas en la medida en que puedan hacerlo, sin esperar a que otros nos ayuden o a que cambien las condiciones generales de la economía, que previsiblemente no se van a mover durante unos cuantos meses. Con este inquietante panorama, es la hora de la responsabilidad y el diálogo, no de la confrontación y el desapego. Lo apunto por enésima vez. No hay pesar más desgraciado que la mala costumbre de permanecer indeciso. Canarias necesita el esfuerzo y la colaboración de todos, con el Gobierno tirando del carro. Hoy, aquí, en las Islas, y mañana, en Madrid y Bruselas. Siempre será mejor empezar por lo más cercano.