DIARIO DE AVISOS – EFE | Santa Cruz – Las Palmas

El principal acusado del caso Kárate, Fernando Torres Baena, afirmó ayer ante la Audiencia de Las Palmas que “son falsos” los delitos de abuso sexual y de corrupción de menores que se le imputan, al igual que los otros tres procesados, quienes han negado haber abusado de sus alumnos.

Los procesados, que se enfrentan a solicitudes de condena que suman 620 años de prisión, rechazaron los hechos que se les imputan tras la lectura de los distintos escritos de calificación en la primera sesión de este macrojuicio, que durará hasta el mes de diciembre, y en la que se acordó que sus declaraciones ante el tribunal sean públicas.

La sala, presidida por el magistrado Emilio Moya, decidirá en los próximos días si el resto de la vista se celebrará a puerta cerrada, como solicitaron el fiscal Pedro Gimeno y las dos acusaciones particulares, pero ya adelantó que tomará medidas para evitar que este caso se convierta en un “festín mediático”.

Juan Luis Colange, abogado del exkarateka Torres Baena, para el que se demandan 302 años de cárcel, reclamó que todas las sesiones del juicio sean abiertas a la prensa y al público, porque asegura que “no tiene nada que esconder” su defendido, mientras que las otros tres letrados de la defensa no se han opuesto.

Las tres acusaciones subrayaron la importancia de que celebra la vista a puerta cerrada para preservar la identidad e intimidad de las víctimas y de sus familiares, sobre todo porque se dan casos en los que algunos denunciantes han conseguido rehacer sus vidas con gran esfuerzo y tienen nuevas parejas sentimentales que desconocen los hechos y, por lo tanto, los daños que se les puede causar serían irreparables, indicó el fiscal.

Además, las acusaciones no quieren que las víctimas tengan que declarar ante los procesados, pues, según el fiscal, de nada serviría haberlas numerado para evitar citar su nombre si después tienen que mostrar sus rostros y ofrecer sus testimonios sobre los “detalles más obscenos que afectan a su existencia”. En esta primera sesión, además del debate sobre la idoneidad o no de celebrar el juicio a puerta cerrada, el resto se ha centrado en las cuestiones previas, que serán resueltas en la sentencia que tiene previsto dictar el tribunal a final de año, según adelantó su presidente, quien aclaró sobre las pruebas solicitadas que ya ha sido “generoso” y no hay “nada nuevo que añadir”. Colange planteó en las cuestiones previas que se ha vulnerado el derecho a un juicio justo de su defendido al sostener que al inicio de las diligencias policiales, tras la primera denuncia de una de las víctimas, se “gestionaron los tiempos” para que la instrucción recayera en un juez determinado.

El letrado, además de sostener que no se siguió el “protocolo policial” en las primeras diligencias, destacó que la declaración del secreto del sumario, que a su juicio no estaba justificado por la naturaleza de los delitos, generó indefensión para su cliente.

Ambas cuestiones fueron rechazadas por el fiscal, quien manifestó que las apreciaciones de Colange están en la línea de la teoría de la “eventual conspiración” por parte de los testigos que plantea Torres Baena en su defensa. Gimeno dijo que la Policía necesita “tiempos” y hacer “verificaciones” de las denuncias y ha defendido, por las especiales características de los hechos, tanto el secreto del sumario como su duración, que fue “muy prudente” y que en ningún caso se menoscabó el derecho a la defensa.

La vulneración del derecho de proposición de prueba y la aportación de nuevas pruebas por parte de las defensas también fue rechazada por el fiscal, así como la presentación de nuevas periciales.

El letrado de la acusación que representa a 25 de las víctimas, José María Palomino, recordó ayer que los abogados de la defensa pudieron asistir a las declaraciones de las 81 víctimas y testigos por lo que no hubo indefensión.

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Más de millón y medio de euros en indemnizaciones

El fiscal y las dos acusaciones particulares del caso kárate demandan 1.538.000 de euros en indemnizaciones a los cuatro imputados en el juicio por corrupción de menores y abusos sexuales que arrancó ayer en la Audiencia de Las Palmas, como compensación a 38 de las supuestas víctimas.

La Fiscalía y la acusación ejercida por el letrado José María Palomino, que representa a 25 de las víctimas, solicitan que Fernando Torres Baena, principal acusado y dueño de la academia de kárate de Las Palmas de Gran Canaria de la que eran alumnos las víctimas, indemnice con un total de 579.000 euros a los 38 afectados.

A la acusada María José González (esposa de Torres Baena), le exigen una indemnización de 552.000 para 23 de las víctimas, mientras que a la imputada Ivonne González le solicitan 322.000 euros para 18 de las víctimas, y al procesado Juan Luis Benítez, el único que está en libertad provisional, le demandan 37.000 euros.

Además, la acusación particular ejercida por el letrado Pedro Padilla, que representa a una de las víctimas, reclama a Torres Baena 18.000 euros por los daños causados a su cliente.

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