YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife
Los grupos parlamentarios nacionalista y socialista aprobaron ayer solos el proyecto de ley que contempla la rebaja salarial del 5% para los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y el alza fiscal, donde se integra el aumento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). CC-PNC-CCN y el PSC rechazaron las 24 enmiendas parciales presentadas por el grupo mixto a la normativa, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio.
Entre pitadas de protesta en la calle y carteles de denuncia dentro del pleno, la Cámara regional celebró ayer el último debate en torno al proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales.
El portavoz del grupo mixto, Román Rodríguez, insistió en que el recorte de 113 millones en el capítulo de gastos de personal supondrá la eliminación de 3.000 puestos de trabajo. Criticó que la rebaja salarial no haya sido ni pactada ni progresiva y rechazó la filosofía de la nueva ley por “injusta, ineficaz y equivocada”.
El diputado popular Jorge Rodríguez explicó que el PP no ha presentado enmiendas parciales porque “hubiesen legitimado un proyecto que no queremos en absoluto” para Canarias. Añadió que la nueva normativa supone una “peligrosa senda” que conducirá a un escenario de “mayor degradación” de la actividad económica y el empleo. Apuntó también que vulnera el Régimen Económico y Fiscal y que incorpora nuevos impuestos de “dudosa legalidad” que se verán envueltos en la “conflictividad” tras su aprobación.
El presidente del grupo nacionalista, José Miguel Ruano, afirmó que la situación económica de las Islas es “límite y de emergencia”.
Por ello, el Gobierno canario se ha visto en la necesidad de adoptar estas medidas para hacer viables los servicios básicos, mantener el empleo público y poder pagar las nóminas.
Ante las dudas legales que se han expresado en torno al nuevo impuesto a las grandes superficies, el portavoz de los nacionalistas, José Miguel Barragán, afirmó que ya hay sentencia del Tribunal Supremo avalando la legalidad de este tributo. Desde las filas socialistas, Emilio Mayoral sostuvo que la ley se ha hecho “por necesidad” y porque si no se cumplen con los compromisos adquiridos con el Gobierno central “en menudo berenjenal nos vamos a meter”.
El consejero canario de Economía y Hacienda, Javier González, insistió en que tampoco son decisiones “gratas” para el Ejecutivo autonómico pero que es la “única fórmula posible”. Reiteró su crítica a que los populares no presentasen ninguna enmienda al proyecto.
El texto legislativo se aprobó finalmente con solo los 35 votos de los grupos que apoyan al Gobierno, mientras que el PP y el mixto votaron en contra.
La normativa incorpora las enmiendas de los socialistas y nacionalistas, que no introducen cambios significativos pero sí que corrigen varios artículos para aclarar que los tributos medioambientales no tienen un objetivo recaudatorio, entre otras cuestiones.
En el marco del pleno se aceptó también una emienda in voce de ambos grupos para dar seguridad jurídica a la entrada en vigor del proyecto, clarificando que será el próximo 1 del mes de julio y que la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tendrá efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero.
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Román Rodríguez califica de “torpeza” que no se aceptase ninguna de sus propuestas
El portavoz del grupo mixto, Román Rodríguez, calificó ayer de “torpeza” que los grupos que apoyan al Gobierno no aceptasen ninguna de las 24 enmiendas que presentaron. Señaló que, a su juicio, “al final ha importado más el ego que el fondo”.
El grupo mixto apostó en sus propuestas de cambio por eliminar la rebaja salarial del 5% a los empleados públicos o crear una ley diferenciada para los impuestos medioambientales. A juicio de Rodríguez, introducir estos tributos en el anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales es una “chapuza improvisada” y un “error garrafal”.
El grupo parlamentario abogó también por no subir el tipo reducido del IGIC al 3% y porque el alza sea mayor para los tipos más altos. Pidió crear nuevos tramos en el IRPF y subir el impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas.
Rodríguez insistió en que la nueva normativa deprimirá la economía, generará desempleo y deteriorará los servicios públicos. “Es una ley mala para Canarias”, reiteró. Apuntó que “nadie” apoya esta ley, que ha nacido “forzada por las circunstancias”.
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