Mañana mismo entra en vigor el copago farmacéutico, una medida impopular pero que, como otros copagos o repagos que vendrán inexorablemente en años próximos, trata de salvar de la quiebra al sistema público de salud, dado su déficit acumulado (más de 20.000 millones de euros) y sus propias dificultades de funcionamiento, a las que hay que añadir los malos vientos de la crisis. Nos hemos acostumbrado tanto a exigir derechos y a disfrutar durante años de servicios y prestaciones gratuitos que ahora, cuando los tiempos mudan y nos exigen sacrificios antes impensables, nos cuesta aceptar que las cosas han cambiado, que se acabó el todo a coste cero porque el Estado de Bienestar tiene su justo límite en las disponibilidades financieras del país. El caso es que a partir de este domingo los pensionistas deberán abonar un 10% del precio de los medicamentos, en tanto los demás ciudadanos habrán de desembolsar entre un 10 y un 20% más, en función de su nivel de renta, además de pagar por 426 fármacos de escasa importancia sanitaria y para síntomas leves, que ya no serán financiados con fondos públicos. A los farmacéuticos les ha caído encima la tremenda responsabilidad de gestionar y controlar todo un farragoso proceso de pagos y a estas alturas se mueven en un mar de dudas, líos, malos entendidos y problemas informáticos y conceptuales. Los cuales, inevitablemente, habrán de incidir en los clientes que acudan a las oficinas de farmacia, por la imprevisión del Gobierno central y la apresurada entrada en vigor de una mal explicada política de recortes que pretende introducir racionalidad, austeridad y sostenibilidad en el gasto sanitario nacional. Además, presenta elementos técnicos que exigen obligados apoyos administrativos para la puesta en marcha. El real decreto que introduce el copago incluye una larga batería de medidas con distintos niveles de pago para pensionistas -8, 18 y 60 euros al mes, como máximo-, exenciones según su situación personal y profesional, así como siete tipos de recetas, prescripción por principio activo, precios de referencia, asistencia a extranjeros, cartera de servicios, pagos por prótesis y transporte no urgente, enfermos con necesidades especiales, casos en que los pensionistas deberán adelantar en la farmacia el coste de sus medicinas, etc. En buena parte, un galimatías que las administraciones deberían esclarecer y explicar cuanto antes mediante la correspondiente campaña informativa. Si se acaba con el turismo sanitario, si se evita tirar a la basura 3.700 toneladas de medicamentos, si se despacha sólo lo necesario para cada tratamiento y si se fija una cartera de servicios ecuánime y una plataforma centralizada de compras, todo este esfuerzo habrá valido la pena. Y para abrir boca, sería un buen detalle que el Gobierno de Canarias pagara de una vez a las 700 farmacias.