EFE | Madrid

El pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado viernes, por once votos a siete, un informe en el que se pide al Gobierno que reconsidere la subida de las tasas judiciales propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al entender que son desproporcionadas.

Así lo han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces después de la reunión en la que los miembros del CGPJ han avalado el informe redactado por la vocal Margarita Robles en relación con el Anteproyecto de Ley por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El documento critica la desigualdad en el acceso a la Justicia que puede provocar el anteproyecto aprobado el pasado 30 de marzo, que contempla un incremento generalizado de las mismas, de entre 50 y 750 euros, con el fin de paliar la saturación de los juzgados y sufragar la justicia gratuita en un contexto de crisis económica.

En sus conclusiones, el informe, que reconoce la legitimidad del Gobierno para llevar a cabo esta reforma, resalta que el anteproyecto obedece a exclusivos motivos de oportunidad política y económica, lo que se contrapone con el principio de que todos los ciudadanos puedan acceder a la Justicia cualquiera que sea su situación económica.

En concreto, se considera desproporcionado el aumento de las tasas en casación y, sobre todo, en la segunda instancia, al generalizar el ámbito de la aplicación de las mismas a las personas físicas como jurídicas, “con el consiguiente coste económico” que comportará para los ciudadanos.

Respecto a que con dichas tasas se financie la asistencia jurídica gratuita, indica que se “pretende instaurar la solidaridad selectiva” a cargo de los usuarios en detrimento del sostenimiento público del servicio.

Otra de las consideraciones del documento es que, aunque el anteproyecto se hace eco de las ventajas de las tasas, “más allá de la previsible reducción de la litigiosidad propiciada por el efecto disuasorio, no se vislumbra cómo la proyectada reforma puede incrementar la eficacia y racionalización de la Administración de justicia”.

Pone reparos asimismo este informe aprobado por el Consejo a que los funcionarios públicos, que hasta ahora podían acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos por sí mismos, tengan en el futuro la obligación de hacerlo con un abogado y un procurador.