corrupción urbanística >

El exalcalde de Totana se entrega a la Guardia Civil e ingresa en prisión

AGENCIAS | Murcia

El exalcalde de Totana y exdiputado regional, Juan Morales, ha comparecido voluntariamente este jueves por la tarde ante la Guardia Civil de la Región de Murcia, que ha procedido a su traslado al centro penitenciario Murcia II, dando cumplimiento a lo ordenado en auto judicial de 30 de mayo de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Cabe recordar que por auto de 30 de mayo, la Sala Civil y Penal ordenaba “la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso” de Morales por su implicación en el llamado caso Tótem, de corrupción urbanística en el citado municipio. El tribunal decretaba el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho.

La Guardia Civil, tras personarse en varios domicilios, constató la imposibilidad de localizar a Morales porque se encontraba en paradero desconocido, por lo que el tribunal decretó su busca, detención e ingreso en prisión y emitiendo orden de busca y captura nacional e internacional.

El abogado de Morales presentó un recurso a esta orden, pero la Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia, mediante auto notificado en la mañana del pasado martes, acordó no suspender la ejecución de la pena privativa de libertad de Morales por la petición de indulto “y mientras se tramita y resuelve el mismo”.

El ahora interno ha comparecido voluntariamente ante los agentes responsables de su acompañamiento hasta el centro penitenciario ubicado en Campos del Río (Murcia), que han dado inmediato cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial.

Caso tótem

El caso Tótem saltó a la luz pública en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil destapó una presunta trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.

El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio. En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas.