JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
“Estamos analizando cómo mejorar la eficiencia de los centros y servicios de atención”. Así de explícitos se mostraron hace un mes desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, al ser cuestionados por este periódico sobre el posible cierre del Centro de la Mujer. En este inmueble, que se ubica en la zona metropolitana, se atiende en la actualidad a cuatro mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos. En las próximas semanas serán trasladadas hasta un piso tutelado, dependiente de la Unidad de Violencia de Género del Cabildo insular.
El motivo de este cambio, cuyos trámites están ultimándose, es el ahorro de cerca de 60.000 euros en el alquiler del centro, cuyo mantenimiento resultaba demasiado costoso para el IASS. Ello, sin embargo, no implicará cambios para las usuarias ni los trabajadores del recurso, que también se integrarán dentro de la propia Unidad de Violencia de Género o de otros servicios del instituto.
Según explicó a este medio la consejera delegada del IASS, Margarita Pena, se trata de “una mera cuestión económica”, puesto que no supondrá ningún problema para las mujeres ni sus familias, que “seguirán siendo atendidas en las mismas condiciones y con las mismas garantías que tenían hasta ahora”.
El Centro de la Mujer, que se abrió hace un lustro, es el único recurso de atención directa que el IASS posee en materia de violencia de género, ya que casi toda la asistencia personalizada la prestan en servicios externos entidades humanitarias y ONG.
El cierre de dicha instalación y su reconversión en piso tutelado es una más entre las medidas de ajuste en las que trabaja el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, cuyo gerente, Santiago Marrero, anunció el pasado viernes que el organismo debe ahorrar 656.000 euros para asegurar su viabilidad. De ellos, unos 400.000 se enmarcan dentro del acuerdo suscrito con los trabajadores la semana pasada, como ha venido publicando DIARIO DE AVISOS. En dicho convenio se incluye la reducción de la bolsa de productividad y las gratificaciones que recibía el personal al jubilarse, pero se mantiene la totalidad de la plantilla y se garantiza la prestación de los servicios a mayores, dependientes y menores en exclusión. Sin embargo, todavía está por ver cómo consigue la Gerencia recortar los otros 256.000 euros que faltan para llegar a los 656.000 euros en los que se estableció el ajuste total del organismo para el presente ejercicio.
Críticas al acuerdo
Los tres representantes del sindicato FSOC en el comité de empresa único del IASS, que no firmaron el acuerdo sobre los recortes, afirmaron ayer en un comunicado que las prestaciones sociales se verán “gravemente mermadas” por los ajustes, tanto en materia de jubilaciones parciales, al suprimirse las gratificaciones y los incentivos, como en materia de prestaciones sanitarias y de ayudas de estudios, que también han sido recortadas.
De igual modo, la organización sindical aseguró que “no es cierto que los puestos de trabajo de los fijos e interinos estén garantizados, ya que no existe en el texto firmado cláusula alguna que lo garantice”. “En cuanto al personal eventual de sustitución, también se verá afectado, ya que la relación de categorías profesionales que no van a tener personal de sustitución es extensa”, agregó FSOC en su nota.
El sindicato insistió en que “los reajustes pendientes -para recortar otros 256.000 euros- hacen temer que los recortes no acaben aquí, por lo que nos oponemos frontalmente a que sean los sectores más desfavorecidos de la sociedad y los servicios sociales de los que son beneficiarios, los que paguen esta crisis”. “Así -recalcaron- si se deja de contar con las ONG que prestan estos servicios, habrá centros que se verán obligados a cerrar”.