T. F. – V. M. – J. L. CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

La historia del docente tinerfeño al que Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna ha impuesto una orden de alejamiento tras ser denunciado por dos de sus alumnos, menores de edad, por supuestos abusos está plagada de situaciones donde se implica a la comunidad escolar.

En febrero de 2012, los padres y tutores de los alumnos recibieron en sus casas una carta firmada por los padres del presunto pederasta -que son el codirector del colegio Hispano Británico y la directora de un centro infantil asociado- donde defendían la inocencia de su hijo. Además, denunciaban “un sinfín de difamaciones, mentiras, coacciones y amenazas” contra esa familia, incluyendo a varios miembros de ella que trabajan en esta entidad educativa. En la misiva explicaban que tenían conocimiento de que “un grupo de padres, posiblemente relacionados con los denunciantes y cercanos a la familia [del otro codirector] han estado recogiendo firmas para que nuestro hijo no vuelva a su puesto de trabajo”.

Hay que recordar que tras las denuncias en abril de 2011, el profesor fue llamado a declarar pero no ha sido hasta hace unos días cuando un juez le interpuso una orden de alejamiento para impedir que se acercara al colegio a menos de 200 metros. En noviembre, el docente, tal y como explica la carta, aconsejado por su abogado -“a nuestro parecer, equivocado- firma la baja voluntaria. Con respecto a la recogida de firmas para que el profesor no regresara a las aulas, los padres del mismo insisten en que “el colegio es una empresa totalmente privada” y que no entendían que “una serie de padres se postulen como sus salvadores, ya que no participan de su accionariado” y añaden que “ si, tras una denuncia, toda persona tuviera que dejar su puesto de trabajo, entonces las venganzas de alumnos y padres contra castigos o correcciones de los profesores, dejaría a los colegios sin docentes”.

En el documento al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS se explica que el profesor implicado en el escándalo, “entró a trabajar en 1999 como profesor y que, en los últimos años, era el responsable de las labores de elaboración, programación y gestión de la parte docente de este colegio”. Tareas que lleva “compaginando con su vocación de profesor en estos doce años: por sus clases han pasado cerca de mil alumnos”.

Aclaran, además, que “durante este curso ha estado elaborando numerosos trabajos pedagógicos desde su casa, a causa de la negativa [del otro director] para poder recuperar todos sus derechos” e insisten en que son “derechos perdidos a causa de los intereses que tuvieron algunos en que el primer letrado no aconsejara adecuadamente a nuestra familia. Nunca fue una decisión judicial [la carta está fechada meses antes de recibir la orden de alejamiento]”.

Acaban diciendo que el objetivo es ofertar una enseñanza privada de calidad “con seriedad, rigor y confesionalidad cristiano-católica como hasta ahora”.

Educación no se personará en el proceso

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias aseguró ayer a este periódico que no se personará en la causa abierta contra el profesor imputado, toda vez que se trata de una cuestión judicial en la que no tiene competencias. Las mismas fuentes afirmaron que, dada la gravedad de la cuestión, deben ser prudentes y confían en que sean los tribunales quienes confirmen la veracidad de los hechos. De igual modo, tampoco valoran desde Educación que el juzgado, a instancias del Ampa del colegio, haya adoptado medidas contra el referido profesor, ya que se trata de cuestiones “de índole interno”.

Por su parte, desde la Dirección General del Menor del Ejecutivo explicaron que, al tratarse de un centro privado y al no haber ninguna situación anómala anterior respecto a los menores, tampoco se personarán en el procedimiento, algo que sí habría ocurrido, por ejemplo, si alguno de los niños supuestas víctimas de los abusos estuviera en situación de riesgo o de desamparo. Desde el departamento adscrito a la Consejería de Políticas Sociales reiteraron que se trata de un episodio de enorme calado social, que debe ser tratado de manera respetuosa y con mucha “cautela”, ya que “aún se encuentra en la fase inicial de la instrucción judicial”.