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El PGO > Leopoldo Fernández

No sé si encajaría en un guión de Tarantino, en una realización de los hermanos Cohen o en una aventura de Sherlock Holmes, pero el caso del PGO, Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, parece propio de un suceso cinematográfico o de una novela de suspense. Resulta increíble que un asunto de tanta trascendencia para los ciudadanos pase por tantas penalidades. Con toda la buena voluntad y ganas de acertar que atribuyo a cada uno de ellos, o los responsables de su elaboración, tramitación, aprobación y puesta en marcha son una pandilla de incompetentes o aquí hay gato encerrado, quiero decir, utilización fraudulenta de determinados aspectos que rozan o sobrepasan la legalidad en presunto beneficio de terceros. Y, sea por desconocimiento o por aprovechamiento, los ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad. El daño que se está haciendo a los particulares y a la ciudad es de los que hacen época. Y nadie parece valorar el alcance real de tanto desatino. Santa Cruz está literalmente paralizada desde hace más de diez años. No se ve una grúa. No se autorizan obras mayores, salvo las que corren por cuenta de otras administraciones o resultan de máxima urgencia. Decenas de obras singulares y nuevos edificios aguardan el visto bueno de las administraciones urbanísticas municipal y regional para su puesta en marcha. Miles de trabajadores esperan una oportunidad para salir del paro y poder trabajar. El efecto de locomotora que tiene la construcción está hoy muerto por la gestión técnicamente inoperante y políticamente irresponsable de una corporación incapaz de afrontar sus propias responsabilidades con la diligencia que el caso requiere. Es la eterna madeja burocrática que todo lo enreda y complica hasta la última instancia: la de la Cotmac. Uno no sabe si quedarse con los errores o las anomalías -modificaciones fraudulentas, según algunos, sobre todo la que se refiere a la necesidad de nueva compra del frente de playa de Las Teresitas- descubiertas entre las correcciones realizadas en el PGO y que había exigido la Cotmac, las sospechas descargadas sobre los técnicos redactores, la dimisión del gerente de Urbanismo, la caducidad o no -en cuyo caso debería rehacerse- del PGO, las acusaciones de mentir dirigidas al alcalde por los autores del Plan, la apertura de una investigación para averiguar lo ocurrido, la nueva prórroga, ahora de tres meses, pedida a la Cotmac para realizar la enésima revisión del Plan, o el profundo desconocimiento que demuestran los concejales, empezando por el responsable del área y acabando por el alcalde, en materia de urbanismo. ¿De verdad la seguridad jurídica necesita tantas incidencias? ¿Por qué no se denuncian Las sospechas en el juzgado?