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El PP pide la retirada de la subida fiscal por “inconstitucionalidad”

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El grupo popular justifica su solicitud de devolución del proyecto de ley de medidas administrativas y fiscales en que diversas figuras tributarias pueden incurrir en inconstitucionalidad. En concreto, disposiciones similares de Cataluña, Asturias, Navarra y Aragón, que gravan a las grandes superficies comerciales, están recurridas por la Administración general del Estado. También lo está el impuesto de Extremadura sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito.

El próximo lunes finalizará el plazo para la presentación de las enmiendas, tanto a la totalidad como las parciales. Las primeras -del PP y del grupo mixto- se debatirán en el pleno del día 15 de junio. Las otras se incluirán en la sesión del jueves 21. Será entonces cuando se apruebe el texto de la modificación de los presupuestos autonómicos para 2012.

El PP no ha necesitado más de 20 líneas para pedir la retirada de la iniciativa del Ejecutivo de Paulino Rivero. En el escrito registrado el pasado martes, la portavoz, Australia Navarro, recoge como argumento la “pésima” técnica legislativa utilizada.

A la “incomprensión” por parte de la ciudadanía añade su “previsible” efecto inflacionista sobre la economía de Canarias, las implicaciones de restricción del consumo “implícitas en cualquier incremento impositivo de relevancia” y el “exagerado sacrificio” de los empleados públicos. Los demás grupos han decidido agotar el tiempo para entregar sus propuestas. Las del PSOE y de CC-PNC-CCN son más bien de carácter técnico, en tanto que el PP ha renunciado a “parchear” el proyecto de ley.

En cambio, Nueva Canarias (NC) ha redactado casi 30 correcciones al articulado. Muchas de ellas inciden en los aspectos fiscales, ya sea porque le parecen injustos con los menos pudientes o por su dudoso encaje constitucional. En este apartado entra el impuesto sobre el impacto medioambienta los grandes establecimientos comerciales. Al respecto, NC plantea la elaboración de una ley diferenciada, habida cuenta de que, al estar en la ley de ajuste, persigue “claramente” un objetivo recaudatorio. En esos mismos términos se han manifestado los propios servicios jurídicos del Gobierno y los órganos consultivos en sus correspondientes informes preceptivos.

En lo que se refiere a los depósitos de los clientes en las entidades de crédito, NC sugiere que se aumenten las deducciones a las dos cajas rurales del Archipiélago. Tras recordar que en España hay 24.000 millones de euros en depósitos y 52.000 en créditos, el presidente de NC, Román Rodríguez, resaltó ayer que el Ejecutivo se queda corto en sus cálculos de recaudación. En vez de los 30 millones por semestre previstos, NC cree que se podría ingresar por encima de los 60 millones de euros.

“Más paro”

Román Rodríguez y la segunda diputada de NC, Carmen Hernández, advirtieron de que esta ley de medidas administrativas y fiscales generará más paro, deprimirá la economía y deteriorará los servicios públicos.

Rodríguez cifró en alrededor de 3.000 los empleos que se perderían. De esos 563 millones de reducción de gastos, arguyó, 222 son del capítulo de personal y unos 112 millones procederán de la rebaja salarial del 5% a los empleados públicos.

“En 15 días se va a despachar la norma más relevante en la historia del autogobierno”, dijo al hablar de la reorganización administrativa.