Antes que nada debo aclarar que, pese a su uso habitual, no es la terminología legal correcta la de guardaespaldas. No es una figura legal en España, ni existe como profesión reconocida, en cambio, sí es correcto el término escolta, y esta puede ser pública o privada.

Se hace necesario también saber distinguir entre los términos amenaza y riesgo, ya que muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos sido amenazados, pero en verdad no ha existido un riesgo real. La diferencia entre amenaza y riesgo es que la primera describe lo que puede ocurrir, mientras que lo segundo se basa en la probabilidad que hay de que ocurra la amenaza. Por tanto, la tarea del analista es verdaderamente importante porque si conocemos lo que es probable que cause el daño total o parcial, podemos proteger mejor contra la probabilidad de que la amenaza sea una realidad, pero no todas las amenazas tienen la probabilidad de ocurrir.

Cuando se produce una supuesta necesidad de protección en cargo público, esta debe evaluada y gestionada desde el Ministerio del Interior. La decisión no puede recaer en la misma persona que necesita protección, ya que estará viciada. El riesgo propio y personal no puede ser analizado por parte del propio afectado. Tampoco debe hacerse por una persona que tenga una dependencia directa o jerárquica de él. En España se han reducido el número de escoltas por necesidades de austeridad y el descenso de la tensión por la violencia terrorista en España, se pretende una equiparación con otros países de nuestro entorno cuya política de protección es infinitamente menor. Somos el país de Europa con mayor número de efectivos dedicados a la protección personal. Los grandes afectados por esta restricción son las empresas de Seguridad Privada, y por ende, los escoltas privados. Habitualmente, el coste que representa el mantenimiento de este servicio ha hecho que el mismo se haya repartido entre las Administraciones del Estado y las Autonómicas. Para hacer frente a ello, la Administración del Estado cubre un determinado número de servicios con personal policial, y el resto con personal de empresas de seguridad.

Equivocadamente, muchas administraciones prefieren hacer uso de escoltas públicos (policías) antes que privados, pero, tiene mayores beneficios la utilización de estos últimos, comenzando por la reducción de coste, evidentemente, tampoco ocuparíamos a los agentes policiales que estarían asignados al servicio al ciudadano, máxime cuando se tratan de policías municipales ya que se restarían efectivos para el trabajo de paisano, no olvidemos que los autorizados para estos menesteres son pocos, por tanto, sería un error desaprovecharlos. Siempre será mejor que un policía ejerza su función principal, y sustituirlo por alguien privado que puede ejerce la función de escolta.

Puede ocurrir que la Secretaría de Estado de Seguridad en su evaluación individualizada del nivel de riesgo del cargo público no determine la necesita de protección, o finalicen los criterios de temporalidad, no obstante, siempre le quedará la opción de contratarlo a su cargo. De cualquier manera no debemos olvidar que un servicio de escolta no es obligatorio para nadie.

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