EFE | Las Palmas

La Fiscalía de Las Palmas solicitará 25 años de prisión por un presunto delito de asesinato para el enfermero que supuestamente envenenó con talio radiactivo a su mujer, también enfermera, el 11 de julio de 2010 en el Hospital Insular de Gran Canaria.

Así lo ha anunciado hoy la Fiscalía de Las Palmas, que ha interesado la apertura de juicio oral ante el Tribunal del Jurado y ha formulado escrito de acusación contra Iván R.A., en prisión desde el 15 de julio de 2010 por esta causa, conocida como el “caso Talio”.

El acusado, de 32 años, estaba casado desde julio de 2009 con la víctima, Laura A.G., natural de Granada y con quien tenía un hijo de dos años.

Ambos residían en el barrio de La Pardilla del municipio grancanario de Telde, él trabajaba como enfermero en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Insular de Gran canaria y en la de la Clínica San Roque y ella como enfermera de la UMI del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, según recuerda el fiscal en su escrito de acusación.

Según la Fiscalía, el acusado había trabajado antes en unidades de radiología, medicina interna, neurología, cirugía torácica, obstetricia y ginecología, “por lo que tenía amplios conocimientos de los tratamientos a dispensar” en esas especialidades y en el “manejo y efectos de los medicamentos que se utilizaban” en ellas.

Meses antes de la muerte de su mujer, “agobiado por las deudas y las discusiones frecuentes” que tenía con ella, el acusado “decidió acabar con su vida y, para ello, decidió emplear sus conocimientos de medicina”, afirma el fiscal.

Además, el Ministerio Público sostiene que el acusado se aseguró lograr su propósito sin que la víctima ni los médicos que previsiblemente la iban a atender “se diesen cuenta”, para lo que pretendió “ocultar su acción tras una enfermedad desconocida y rara que, supuestamente, padecía” su mujer, “imposibilitando con ello todo tipo de defensa y tratando de causarle el mayor dolor posible”.

Así, “con la finalidad de disminuir sus defensas, de un modo que se ignora” el acusado “fue suministrando talio” a su mujer, lo que “empezó a provocar” en ella “dolores musculares, pérdida de pelo, vértigo y cansancio generalizado”, que la mujer atribuía al estrés o a la falta de vitaminas.

Además, según la Fiscalía, el acusado comenzó a suministrar a su mujer, “sin que ella se diese cuenta, benzodiacepinas, opiáceos e insulina”, lo que provocó que el 15 de mayo de 2010 la mujer sufriera una hipoglucemia severa que le llevó a perder la conciencia y a ser tratada, previo requerimiento de su marido al 112, en las áreas de urgencias y medicina intensiva en el Hospital Insular de Gran Canaria, donde permaneció ingresada unos días.

En ese tiempo, el acusado acompañó a su mujer y a los médicos que la trataban, “de modo que conocía al detalle los síntomas y el tratamiento que le fue administrado”, y, en la noche del 19 al 20 de mayo de 2010, se ofreció al personal de enfermería de la planta donde ella permanecía ingresada a atenderla “para ahorrar trabajo a sus compañeros”.

Sin embargo, “abusando de la confianza que generaba entre sus compañeros, el acusado aprovechó para administrarle insulina” a su mujer, quien, a las ocho horas de ingresar en planta “tuvo un coma hipoglucémico” por el que fue trasladada, de nuevo, a la UMI, donde le detectaron “niveles de glucemia muy bajos y el hígado aumentado, derivados de la administración de la insulina”.

Tras lograr que la paciente “remontara”, le comenzaron a realizar controles de hipoglucemias cada quince minutos y tanto durante la crisis en planta como durante su estancia en la UMI “el acusado estuvo presente e intervino junto con los médicos y enfermeros”.

La noche siguiente, Iván R.A. permaneció en el hospital junto a su mujer, quien sufrió una parada cardiorrespiratoria “poco después de que una enfermera le hiciera un control de glucemia que dio valores normales”, una nueva complicación que la paciente también superó.

Durante los días que permaneció ingresada en cuidados intensivos, la paciente, pese al tratamiento que tenía pautado, mostró niveles muy bajos de glucemia, “por la insulina que de forma paralela y oculta le iba administrando el acusado”, agrega la Fiscalía.

La mujer pasó a planta de Medicina Interna el 2 de junio de 2010 y al día siguiente “volvió a sufrir una parada, esta vez respiratoria con coma, debida a una intoxicación medicamentosa, ya que el acusado le administró” fármacos como “codeína y morfina, no utilizados ni pautados durante su tratamiento”, lo que la llevó de nuevo a la UMI.

Allí, y tras comprobar “que la insulina le estaba siendo administrada por alguien”, se decidió que nadie, aparte del personal médico, permaneciese con la paciente fuera del horario de visitas, “una prohibición que no fue respetada por el acusado, que deambulaba libremente por la UMI y cuartos donde se guardaban las medicinas”.

Sin embargo, el mayor control y vigilancia sanitaria “produce una notable mejoría” de la paciente, a la que finalmente se le da el alta el 28 de junio.

De vuelta a casa, el acusado “controlaba tanto la medicación como la comida y la bebida que le daban a su mujer”, de tal forma que su madre no podía atenderla como pretendía.

Tras un cuadro de vómitos por una supuesta intoxicación alimentaria, que sufrió al día siguiente de regresar a su hogar y que su marido trató abriéndole una vía “para suministrarle sueros”, la mujer pasó una temporada “decaída y somnolienta” hasta que el 5 de julio su madre, a quien el acusado impedía verla, la encontró en su dormitorio “con respiración agónica”.

La víctima ingresó ese día de nuevo en el hospital “con disfunción multiorgánica, con grave afectación respiratoria, hepática y renal” y una analítica que le realizaron en la UMI detectó “barbitúricos en la orina”, que los médicos ignoraban que le había suministrado el acusado, según sostiene la Fiscalía.

En su nueva estancia en la UMI, el acusado administró a la víctima con una inyección paracetamol, medicamento que tenía “estrictamente prohibido por órdenes médicas”, aunque la mujer respondió bien al tratamiento que le dispensaron los médicos para su recuperación y estuvo estable hasta la mañana del 11 de julio.

Esa mañana, y horas después de que el acusado estuviera con ella, “incumpliendo una vez más las órdenes de restricción de visitas”, momentos que el enfermero aprovechó para administrarle fármacos como morfina, la mujer “sufrió una parada cardiorrespiratoria con asistolia y, tras más de una hora de reanimación infructuosa” murió por una “poliintoxicación por diferentes sustancias”, entre ellas “ansiolíticos, insulina y talio”, lo que le provocó un “fracaso multiorgánico”.