EFE | Madrid

Gobierno y comunidades autónomas han alcanzado hoy un pacto de Estado sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que abre una “ofensiva diplomática” española ante el Consejo y el Parlamento Europeo, aunque han excluido del texto el polémico modelo de aplicación en el territorio.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha realizado este anuncio tras el Consejo Consultivo y la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrados esta tarde y preparatorios del Consejo europeo de ministros del próximo lunes en Luxemburgo.

Arias Cañete ha destacado “el espíritu de diálogo constructivo” que ha presidido la reunión, que ha permitido la posición común con todas las comunidades autónomas sin excepción.

En este contexto, el Gobierno tiene previsto trasladar el próximo martes a los eurodiputados españoles el documento con la posición del Estado español, tanto los que tienen presencia en la Comisión Agricultura -PP y PSOE- como el resto.

El Parlamento Europeo tiene ahora poder de codecisión junto al Consejo, por lo que será “un instrumento potente” para integrar las posiciones españolas, ha señalado.

A partir del documento, el Ejecutivo español mantendrá contactos bilaterales con Francia, Reino Unido y Alemania y acudirá a Estrasburgo, además, durante la primera semana de julio para reunirse con parlamentarios europeos y ministros de Holanda y Portugal, entre otros.

“Empezamos la ofensiva diplomática” para lograr un marco financiero positivo para el período 2014-2020, con el objetivo de mantener el actual nivel de ayudas de la PAC -unos 7.500 millones de euros al año- y añadir “una participación muy importante” del futuro programa marco de investigación e innovación de 4.500 millones de euros que impulsará la Unión Europea.

El principal escollo entre el Gobierno y las regiones ha sido el modelo de aplicación en España de la PAC, por lo que han decidido sacar este asunto del pacto de Estado, según Arias Cañete.

Ha reconocido que hay regiones que quieren una aplicación “con mucha autonomía”, frente a otras que apuestan por una “nacional”, por lo que han acordado dejar ese debate para cuando se hayan cerrado las negociaciones, porque puede ser “una discusión muy complicada”.

En el documento de consenso, todos consideran que el porcentaje de “greening” o condicionante verde para cobrar las ayudas directas que propone la Comisión (30 %) es excesivo, que este sistema debe aplicarse sólo a las explotaciones de mayor tamaño y que no deben perderse todas las ayudas si no se cumple la norma.

También abogan por destinar un máximo del 2 % de las ayudas a los jóvenes agricultores, para que pueda coexistir un programa de desarrollo rural nacional con los autonómicos y que éstos cuenten con mayor cofinanciación comunitaria.

El ministro ha avanzado que tanto él como los consejeros autonómicos viajarán juntos próximamente a Bruselas para reunirse con parlamentarios europeos y mostrarles así la posición común española, basada en el consenso.

Arias Cañete ha resaltado que la definición de agricultor activo debe reservarse a los que tengan una actividad agraria real y que, además, los Estados puedan limitar la superficie máxima con derecho a ayudas -la Comisión maneja 21 millones de hectáreas- y evitar que los profesionales pierdan ingresos.

Dada la complejidad de la reforma, y si no se avanza en ella durante la Presidencia irlandesa de la UE, podría retrasarse su aprobación, ya que no se llegaría a la campaña 2014-2015 con todo ultimado, aunque Arias Cañete ha reconocido que les preocupa más que “sea correcta que la fecha de su aplicación”. Quieren una “buena PAC y no una reforma aprobada muy deprisa”.