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La Fiscalía de Menores supervisa los casos de 202 niños de Santa Cruz

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

La Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife es el Gran Hermano de las situaciones de vulnerabilidad y riesgo de los niños de la provincia, “los grandes controladores del desamparo infantil”. Cinco fiscales se encargan de atender todos los expedientes que llegan a este órgano judicial relacionados con los menores de la provincia. Su conocimiento es tal que por eso califican de “imposible” que en cuatro años no se haya declarado a ningún menor en riesgo en el municipio de Santa Cruz y que solo se haya hecho con 29 en el último año.

“Si esa cifra es real, seguramente no se han tramitado suficientemente bien los expedientes o no han tenido la capacidad para desarrollarlos”, explicó a DIARIO DE AVISOS el coordinador de la Fiscalía de Menores, Manuel Campos. De hecho, los datos de la Fiscalía con respecto a los menores de Santa Cruz reflejan que existen 202 niños que se encuentran en situación de prevención o de riesgo. Es decir, “son niños que están intervenidos por Asuntos Sociales y supervisados por nosotros”, señala Campos.

El coordinador de la Fiscalía de Menores matiza que “la cifra de 202 menores no significa que sean todos del último año. Puede que haya niños que están declarados en prevención o riesgo desde 2005, 2006 o 2007, pero no se ha podido trabajar lo suficiente para revocar esa situación”. El fiscal Campos sí que reconoce que de ser real la cifra de 29 niños aportada por el Ayuntamiento, “resulta preocupante porque eso significa que hay unos 170 niños en situación de riesgo desde hace más de cuatro años”. El porqué de que un niño puede pasar tanto tiempo en esa situación la explica Campos en que, “aunque no deberían estar más de seis meses, que es el plazo que los expedientes administrativos tienen para ser resueltos, muchas veces ese tiempo se pasa, y Asuntos Sociales realiza alguna intervención intermedia para ser renovados”. Manuel Campos explica, en cuanto a la situación de riesgo, que esta solo puede ser declarada por el Ayuntamiento, “otra cosa es que nosotros abramos expedientes por la información que nos llega directamente ante una situación que detectemos mal, por ejemplo un niño que con cuatro años esté abandonado en un coche o que los vecinos llaman porque están solos en casa”.

Información pormenorizada

Con la información que le llega directamente, la Fiscalía abre un expediente y da cuenta a los Asuntos Sociales de los municipios para que tengan en cuenta ese dato porque es un indicador de riesgo, “pero, formalmente, no está declarado en riesgo”. Una vez que se abre este procedimiento, se tiene que llamar a los padres, se les notifica y pueden pasar dos cosas, “que la situación de los hijos empeore porque los padres no hacen caso a las recomendaciones, o que estos se preocupen y pongan de su parte para solventar el problema”.

“Si proponemos un desamparo, -continua Campos- la Dirección General del Menor es el único órgano que puede declararlo. Si eso ocurre, hay que sacar al niño de la familia y ponerlo en un centro de menores. En la actualidad, tenemos a 408 niños en centros de la provincia, en protección, sin padre ni madre”.

En la segunda opción, la de que los padres mejoren las circunstancias del niño, la situación de riesgo se puede revocar. “Si es un padre con dos dedos de frente y se preocupa, porque reconoce que no tiene habilidades familiares y, por ejemplo, sigue un programa de intervención familiar para mejorar la situación, se revoca y se queda sin efecto el riesgo y lo hace el propio Ayuntamiento”. Campos añade que “si los padres no están de acuerdo con la declaración, pueden recurrir a un procedimiento judicial ante los jueces de familia “como cualquier otro procedimiento”, concluye.

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Tiempos de respuesta

Desde la Fiscalía de Menores se alaba el trabajo hecho por Asuntos Sociales de Santa Cruz para localizar y seguir a 592 menores porque “eso significa que no tenemos que hacerlo nosotros”. Cuando un expediente llega a la Fiscalía, esta se pone en contacto con Asuntos Sociales para recabar información y entonces pueden pasar dos cosas: “que lo tengan controlado y añadan la información que le damos o que desconozcan el caso y abran un nuevo expediente. Lo que hacemos es distribuir la información para el que diagnóstico sea el más real posible”, explica Campos.

Una vez que el Ayuntamiento declara la situación de riesgo, la Fiscalía solicita informes para conocer la evolución del caso y si es necesario declarar el desamparo. Campos estima que cuando no hay recursos o el trabajo no está bien distribuido, “muchos expedientes se quedan en espera de una respuesta de Asuntos Sociales”.

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