NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife
Don José tiene 86 años, no sabe leer ni escribir, y desde hace bastantes años su único apoyo es Ana María Sánchez, una de las trabajadoras y también presidenta del comité de empresa de la cooperativa Mararía, la misma que ha devuelto el servicio de ayuda a domicilio al Ayuntamiento de Santa Cruz por no poder hacer frente a la deuda que mantiene con la Seguridad Social y no poder pagar a sus trabajadores. Ana María es el rostro de uno de los 200 empleados que, si el Ayuntamiento no los subroga, como demanda el sindicato UGT apelando a las leyes vigentes de concesión de contratos públicos, formarán parte de la ya larga lista de desempleados que acumula la capital y, por paradójico que resulte, pasarán a depender de las ayudas de los servicios sociales, como lo hacen los 1.500 usuarios que hasta ahora atendía Mararía.
“La situación es muy mala. A muchas compañeras ya les han cortado la luz, el agua y el teléfono”, señala Ana María. Desde junio no cobran los aproximadamente 700 euros de nómina que tienen. “Con el último embargo de la Seguridad Social no hemos cobrado nada y estamos en una situación muy complicada”. Cuando se le pregunta a esta trabajadora si tienen esperanza de que se solucione la situación, responde que “la esperanza se nos va apagando, creíamos que si el Ayuntamiento nos subrogaba tendríamos algo de futuro, pero parece que no va a ser así”.
Ana María está preocupada por Don José, “mañana tengo que acompañarlo al dentista y en agosto tiene cita con el neurólogo, no se quién se va a hacer cargo de él”. Para la representante de los trabajadores de Mararía, la solución ofertada por el Ayuntamiento a los mayores no resulta satisfactoria, “Don José es el mejor ejemplo. No pudo estudiar y no sabe leer ni escribir, cómo va a elegir entre los papeles que le mande el Ayuntamiento y quién le va a arreglar esos papeles para que reciba el dinero y contrate a alguien”, se pregunta Ana María, quien además se lamenta de que, vista la situación a lo largo de estos meses, no se haya buscado una solución, “hemos trabajado a destajo a pesar de no cobrar. No queríamos que ni el Ayuntamiento y mucho menos los usuarios tuvieran queja alguna de nosotros. Lo hemos hecho todo bien y no ha servido de nada”.
Ana María, lleva en la cooperativa prácticamente desde su comienzo y el trabajo que realiza, tanto ella como sus compañeras, “depende del tiempo que necesite cada usuario. Puedes trabajar con cinco personas diariamente durante la semana porque sólo estás con ellos una hora y así, dependiendo del tiempo que pases con cada uno de ellos, pues vas cambiando”.
“En mi caso, continua, son tres los usuarios con los que más tiempo llevo, uno tiene 84 años, otro 85 y Don José que tiene 86”. Ana María cuenta que estos días muchos de los mayores les preguntan a ellos, los trabajadores de Mararía, cuál es la mejor empresa para elegir entre las que propone el Ayuntamiento. “Otros incluso nos dicen que ellos nos contratan a nosotros y así no nos vamos”.
Ana María insiste en que no sabe cómo van a salir adelante, “en marzo todo era fácil, las cosas se iban a arreglar y ahora nos vemos con que muchas de nosotras, -más del 90% de la plantilla es femenina- no sabemos cómo vamos a salir adelante. Si nos vamos al paro hasta octubre por lo menos no vamos a cobrar nada y tendremos que recurrir a los Servicios Sociales para pedir alimentos”.
Soluciones
El Ayuntamiento ha asumido el servicio de ayuda a domicilio y garantiza que los 1.500 usuarios seguirán contando con esta ayuda así como que los 300 mayores que no tienen recursos familiares serán los primeros en recibirla. Ayer mismo se reunía con las empresas que van a prestar la ayuda a domicilio, unas siete, hasta que salga un nuevo concurso público.
Según explicó el edil de Urbanismo que José Ángel Martín, que sustituye al concejal de Asuntos Sociales, precisó que se concederán subvenciones indirectas a los usuarios, de forma que esté garantizada la cobertura económica de la atención a los mayores.
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Demanda
Desde UGT, el secretario de la Federación de Servicios Público, Fran Baute, informó ayer de que los servicios jurídicos del sindicato ya tienen lista la demanda contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por seguir prestando el servicio de ayuda a domicilio y no subrogar a los trabajadores de Mararía. “Tanto la Ley 7/85 del 2 de abril como el Decreto 5/199 del 21 de enero del Gobierno de Canarias, señalan al Consistorio como responsable de la gestión del servicio”, aseguró Baute quien está convencido de que Santa Cruz tendrá que hacer frente no sólo al pago de los trabajadores sino a demás a su rescate laboral si la sentencia es favorable. Desde el Ayuntamiento se alega que el plan de ajuste al que se acogió la Corporación le impide la contratación de personal y que, por tanto, no pueden subrogar a estos trabajadores. Baute niega que ésto sea así porque, “ese decreto sólo afecta al empleo público y las plazas que quedan vacantes en esa misma categoría”. El Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) mantendrá hoy una reunión con todos los grupos políticos donde se les informará de la situación.
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