EUROPA PRESS | Puerto del Rosario
El pleno del Cabildo de Fuerteventura ha ratificado su rechazo a la actividad petrolera frente a las costas de la isla y Lanzarote y anunció que no sólo continuará con las acciones legales contra el decreto que pretende autorizar la planta, sino que seguirá adelante con ellas en los tribunales, impulsando a su vez otras medidas efectivas en las instituciones europeas e internacionales.
En este sentido, el plenario votó en contra de las dos mociones que proponían, por un lado, el grupo popular, y por otro, el grupo mixto, según informó el Cabildo de Fuerteventura a través de comunicado.
La iniciativa del PP consistía en retirar las medidas legales emprendidas por la institución insular contra la Administración central, petición que fue rechazada por la Corporación insular.
Aquí, el grupo popular estimó que la resolución del Tribunal Supremo para dar por válido el Real Decreto del Consejo de Ministros que autoriza las prospecciones es “definitiva”, y que todas las acciones legales futuras serán desestimadas por la justicia porque son “necesarias y responden al interés general” del Estado.
Mientras, en la propuesta del grupo mixto [también rechazada] se contemplaba la asunción solidaria, por parte de los consejeros que apoyan emprender las acciones, de los gastos ocasionados ante un posible pronunciamiento desfavorable de los tribunales competentes.
Esta moción contó con el respaldo de los Grupos Mixtos y el popular, argumentando que la Unión Europea ha manifestado que “a pesar de las numerosas protestas recibidas, no encuentra motivos para cuestionar la autorización”.
Por su parte, esta propuesta fue rechazada por el grupo de gobierno y el Partido Popular Majorero (PPM), que recordó que esta actividad es “incompatible” con la conservación medioambiental.
A la espera de la decisión europea
El grupo de gobierno aclaró que la publicación en el Diario Oficial de la Comisión Europea, con fecha de 26 de junio, que saca a relucir el grupo popular, afirma no encontrar “por el momento” indicios que impidan la actividad petrolífera en aguas de Canarias.
El Cabildo de Fuerteventura instó al gobierno español a presentar toda la documentación relativa a la autorización petrolera para “demostrar” que no contraviene las directivas europeas en materia ambiental.
No obstante, los grupos opositores al proyecto petrolero aseguraron que el decreto europeo y sus consecuencias no serán concluyentes y que por ello continuarán abiertas diferentes líneas legales que han emprendido no sólo el Cabildo de Fuerteventura, sino el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias.