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El CEST rechaza las subidas fiscales del Gobierno canario

La subida fiscal compromete la viabilidad de muchas empresas, según el Círculo de Empresarios del Sur. / DA

JOSÉ L. CONDE | Arona

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, que preside Miguel Galindo, ha mostrado su preocupación por los recientes incrementos fiscales aprobados por el Gobierno de Canarias, y muy especialmente en lo que respecta al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Según lo datos que obran en poder de la organización empresarial, las nuevas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno regional supondrán un decremento del Producto Interior Bruto (PIB) canario en 0.67 puntos porcentuales durante el presente año 2012 y de 1.8 puntos porcentuales en 2013.

Esta subida fiscal, según el Cest, supondrá una destrucción de 6.000 empleos en 2012 y más de 15.000 durante 2013. Asimismo hay que añadir una merma importante en la competitividad de nuestro tejido empresarial y una repercusión evidente en la viabilidad de los proyectos empresariales y el consumo, por no mencionar las graves consecuencias sociales que pueda ocasionar esta situación.

Contratos cerrados

En cuanto al turismo, principal motor de la economía tinerfeña, el CEST quiere señalar que “al estar los contratos con los tour-operadores cerrados hasta la Semana Santa del año 2013, es materialmente imposible subir las tarifas a los clientes, por lo cual el incremento del 40% del IGIC se convierte de hecho en un impuesto sobre la facturación del sector (que en estos momentos es el que más riqueza y empleo genera en Canarias), comprometiendo así la viabilidad de muchas empresas.

Por su parte, los comerciantes, ante el incremento fiscal, tendrán que asumir como un mayor coste, el incremento impositivo ante la imposibilidad de repercutirlo en el precio a los clientes por la extrema debilidad de la demanda, lo que incidirá en un mayor cierre de comercios e incremento de las cifras del desempleo.

Por todo ello, el círculo empresarial rechaza el incremento del IGIC por el Gobierno de Canarias por el efecto negativo que conllevaría para la economía y el empleo, no solo en el Sur sino en todo Canarias.