El responsable de Costas visitó los trabajos acompañado de la delegada del Gobierno y del alcalde en funciones de Santa Cruz. | CÉSAR BORJA (ACFI PRESS)
D. SANZ | Santa Cruz de La Palma
La incógnita que amenazaba la continuidad de las obras de la playa de Santa Cruz de La Palma ha sido despejada, una vez que la Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha asumido el coste de los trabajos de saneamiento, que de no realizarse ponía en peligro estos trabajos, tras el recorte en el convenio de obras hidráulicas entre el Ejecutivo central y autonómico, donde estaba contemplada la inversión.
Así lo confirmó en la mañana de ayer el director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, que junto a la Delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, la senadora por La Palma, María de Haro, y el alcalde en funciones de la capital de la Isla, Juan José Cabrera, visitó las obras que se realizan en el frente marítimo de la ciudad.
Saavedra recordó que, en estos momentos, Costas no está ejecutando ningún trabajo con “un presupuesto tan grande como éste”. La obra fue adjudicada por 25 millones de euros y, en la actualidad, la inversión del Gobierno de España es de 27,3 millones.
El responsable de Costas indicó que “ante la falta de actuaciones en saneamiento, que eran necesarias para poder continuar con la construcción, se decide asumir por la propia Dirección de Sostenibilidad de la Costa y el Mar el coste necesario para poner el colector y la estación de bombeo y la instalación de cuatro emisarios submarinos necesarios para el saneamiento”.
Competencias claras
Saavedra dejó claro que ante la amenaza de la paralización de la obra, “al no hacerse cargo la Administración competente”, en este caso el Gobierno de Canarias, “Costas lo asume por un importe adicional de dos millones de euros para continuar con ella”. “Hoy el peligro de la paralización queda desterrado”, insistió.
En cuanto al comienzo de estos trabajos de saneamiento, indicó que, según la información de la empresa, “las obras pueden empezar y, a la vuelta del verano, comenzará la instalación de los emisarios, de tal forma que se pueda trabajar en paralelo sin que afecte al ritmo de la edificación del frente marítimo”.
Por último, Saavedra confirmó que las obras avanzan a buen ritmo y se mantiene el plazo de conclusión previsto para el primer semestre de 2013.
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Otra oportunidad
El anteproyecto de la Ley de Costas recoge una serie de excepciones, entre las que no figura ninguna de las zonas afectadas por esta legislación ni en La Palma ni en el resto de Canarias. Estos “datos singulares”, como los calificó el responsable de Costas, que se librarán de ser demolidos, “no responden a legalizaciones de situaciones que antes fueran irregulares, sino que se designan diez núcleos singulares, para los cuales se prevé que pueden ser excluidos del dominio público por cumplir una serie de características que responden a los criterios que ya establece la ley vigente como posibles vías de desafectación”. Se trata, según explicó, de núcleos que estaban “urbanizados, antropizados, fuera del dominio público que llamamos natural, es decir, fuera de una playa, fuera de terrenos ambientales que es necesario proteger y que la alternativa era proceder a la demolición masiva de viviendas en esos núcleos, más de 2.000”. Para Canarias tiene importancia, a su juicio, que el anteproyecto prevé “una regulación especial para los núcleos urbanos que tenían una zona de servidumbre de protección de 100 metros y que, sin embargo, tenían ya una situación consolidada urbana en el momento que se aprobó la Ley de 1988”. Para esos núcleos, que tendrán que proponerse desde el ámbito municipal, Saavedra indicó que se prevé la declaración de urbanos, “una vez que se demuestre que reúnen las condiciones para reducir la zona de servidumbre de 100 a 20 metros”. Por último, aseguró que “en esa realidad, muchas de las situaciones canarias se van a ver reconocidas y serán beneficiadas”.
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