El Parlamento pide un pacto por la educación con compromiso de financiación

EFE |  Santa Cruz de Tenerife

Todos los grupos del Parlamento de Canarias han pedido un pacto por la educación como “hoja de ruta” para marcar las políticas en este ámbito en la próxima década, en el que además se establecerá un umbral de financiación para asegurar el compromiso inversor en este servicio.

Esta es la principal conclusión que han alcanzado los grupos parlamentarios Nacionalista, Socialista, Popular y Mixto durante los cuatro meses en que ha desarrollado sus trabajos la subcomisión de estudio sobre la educación en Canarias, y que serán expuestos en forma de dictamen para su debate en un pleno en septiembre.

Por la comisión han pasado 54 comparecientes, entre ellos los rectores de las dos universidades públicas, Consejo Escolar de Canarias, asociaciones de padres y madres de alumnos, empresarios, sindicatos, entre otros, y los diputados de los cuatro grupos han coincidido hoy en resaltar el nivel de consenso alcanzado entre todos.

En concreto, la presidenta de la subcomisión y diputada de Nueva Canarias Carmen Rosa Hernández se refirió al hecho de que se han dejado de lado los aspectos controvertidos para centrarse en las coincidencias, pues son más los aspectos “de consenso que de discrepancia”.

Entre las conclusiones los diputados mencionaron además la necesidad de incrementar la autonomía pedagógica y administrativa de los centros, el refuerzo de la formación inicial y continua de los docentes, la coordinación entre etapas educativas, la flexibilización del currículum y la reducción de la burocracia.

Pero sobre todo los parlamentarios se refirieron a la dignificación de la labor del docente, el impulso al aprendizaje de lenguas extranjeras hasta la etapa universitaria, una reforma profunda de la formación profesional para adecuarla a las necesidades laborales y la implantación desde infantil y primaria de la atención a la diversidad.

Carmen Rosa Hernández precisó que en Canarias se invierte menos de un 4 por ciento del PIB en educación, lo que aproxima a las islas a los países africanos, y señaló que es importante fijar “un umbral” en la financiación destinada a esta labor porque se trata “de una carrera de fondo”, en la que se incluyen medidas urgentes, pero otras a medio y largo plazo.

“Esto va a suponer un compromiso inversor acompasado en el tiempo” pero no todas las medidas conllevan dinero, añadió la parlamentaria, y citó como ejemplo de “lo que no cuesta dinero” la reducción de la burocracia y la dignificación de la labor docente.

Marisa Zamora, diputada de CC, afirmó que cada consejero de Educación “ha puesto su peldaño” para aumentar la calidad del sistema educativo canario, que partía de unas precarias condiciones hace veinte años, y señaló que en 2020 el 80 por ciento del empleo necesitará de una alta cualificación.

Maribel Oñate, del grupo Popular, señaló que otra de las conclusiones del órgano parlamentario es la referente al aumento de la participación de las familias en la educación y comentó que los informes “Pisa” y del Consejo Escolar de Canarias han servido de “revulsivo” para debatir sobre la situación del sistema en las islas.

La diputada socialista Rita Gómez afirmó que la realidad sobre la educación en Canarias que ha “dibujado” la subcomisión servirá para remitir propuestas a la Consejería del área, que tendrá a su disposición un documento consensuado por todos los integrantes de la comunidad educativa, además también en forma de mandato del Parlamento de Canarias, una vez sea debatido en septiembre.