En Canarias, uno de los grupos más perjudicados salarialmente por los recortes es el de los empleados públicos de la Comunidad, con sus sueldos congelados desde hace años. Ya acumulan una reducción en algunos casos- cercana al 20 por ciento en los últimos dos ejercicios fiscales. Es un buen plumazo, se mire por donde se mire.

Es cierto que los funcionarios mantienen -aún- la seguridad de sus puestos de trabajo, y que ese es un privilegio -hoy bastante teórico- del que carecen los miles de trabajadores que han perdido ya sus puestos de trabajo como consecuencia de la crisis. Es cierto también que no van a resultar más perjudicados que otros miles de ciudadanos que dependen de los presupuestos, como los parados, a los que se vuelve a recortar sus prestaciones, o las personas dependientes, a las que se coloca en la peor de las indefiniciones, o las personas sin más ingresos que la renta por inserción, que la perderán si no han cotizado antes, a los mayores que tienen que hacer frente al copago de sus medicinas, y en unos meses probablemente al recorte de sus pensiones, o a los enfermos que no podrán hospitalizarse porque los hospitales están en cuadro.

Es verdad, en fin, que siempre hay alguien que está peor que uno, pero yo creo que ya está bien de señalar a los empleados públicos como seres privilegiados que viven del cuento: desde luego que hay caraduras y aprovechados, como en el gremio de los taxistas, en el de los fontaneros y sobre todo- en el de los políticos. Pero vivimos un tiempo de ensañamiento popular con la función pública, una suerte de venganza social insana: no son responsables de la crisis, no son quienes han permitido que las Administraciones crecieran más allá de lo razonable, y sus presuntos privilegios han sido los primeros en caer.

Dice ahora el Gobierno de Canarias que mantiene su intención de modular el recorte del cinco por ciento -diez en los meses que quedan del año- para los empleados del Gobierno, para evitar así la suma de perjuicios que supone la retirada de la paga extra navideña. ¿Pero que hay que modular? Si se trata de evitar perjuicios, dejar de cobrar la extra les supone a los funcionarios aproximadamente un recorte del siete por ciento sobre su bruto anual, un catorce por ciento sobre el bruto que les queda de este año. Y el Gobierno de Rivero suma un ahorro doble y más que considerable: Por eso, o una cosa o la otra. ¿Por qué habrían de sufrir más recorte los funcionarios del Gobierno de Canarias que los del resto del país?