sin atajos>

No es el fin del Estado del bienestar> Ángel Llanos Castro*

El 15 de diciembre de 2011, en mi artículo semanal que desde hace más de 10 años publica este querido periódico de DIARIO DE AVISOS, indicaba que ante la situación económica los gobiernos debían adoptar, entre otras, dos medidas impopulares: subir los impuestos y reducir sus gastos de personal. Esa reflexión fue criticada, incluso por miembros del PP; críticas que desaparecieron tras conocerse que Ayuntamientos, Gobierno de Canarias y de España, han hecho durante los siete siguientes meses precisamente lo que planteaba esa reflexión prenavideña: subir tasas municipales, el IBI, subir el IGIC, el IVA, el IRPF, la retención a los autónomos, suprimir empresas públicas, hacer expedientes de regulación de empleo en otras, fusionar organismos y sociedades institucionales. Es decir, lo que había que hacer, exactamente eso. Ahora, especialmente desde determinados sectores de la izquierda (casualmente, aquellos que generaron la mayoría de la deuda que ahora cuesta tanto pagar), se insiste en que esas medidas están acabando con el Estado de Bienestar, pero no es cierto; simplemente, cambian sus planteamientos. Y será la sociedad la que decida hasta qué punto, porque los conceptos de Estado de Derecho y Estado social entran en antinomia; algo que no es nuevo, por cierto (Ernst Forsthoff es uno de los autores exponentes de esta controversia durante la crisis del Estado de bienestar de los setenta). Es decir, es incompatible pedirle al Estado autonomía para la sociedad y que limite su poder y, al mismo tiempo, exigirle que intervenga hasta el punto que decida cuánto dinero le quita a unos para redistribuir la riqueza entre otros. Al final, el Estado de bienestar seguirá existiendo, pero adaptándolo a las posibilidades reales de cada década. En España, la actual generación de estudiantes no disfrutará de una sanidad pública como la de finales de los 90, y requerirá de seguros médicos privados para alcanzarla; los menores de 20 años no dispondrán de ingresos garantizados durante año y medio si pierden su trabajo, como también será insostenible una Universidad pagada por el Estado en un 80 por ciento, se apruebe o no las asignaturas. Del mismo modo, en Canarias, las organizaciones de sectores no esenciales no dispondrán de subvenciones públicas, y el Ayuntamiento de Santa Cruz, por ejemplo, no recogerá la basura todos los días. Y aún así, el Estado de bienestar seguirá existiendo, pero en un equilibrio más justo con el Estado democrático.

*Exportavoz del PP en el Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Santa Cruz