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Rivero está convencido de que la Comisión Europea investigará “hasta el último detalle” las prospecciones

EUROPA PRESS | Puerto del Rosario

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha dicho estar convencido de que la Comisión Europea va a investigar “hasta el último detalle” para que las prospecciones petrolíferas que han sido autorizadas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura no dañen la “extraordinaria” biodiversidad marina del archipiélago.

Después de que la CE haya decidido iniciar una investigación sobre las prospecciones, el jefe del Ejecutivo canario señaló anoche en la inauguración del Casino de Antigua, en Fuerteventura, que la autorización a Repsol iba a generar “una batalla larga”, sobre todo tras su reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, quien –según Rivero– le prometió que iba a actuar con “toda la honestidad y la responsabilidad” respecto a este asunto.

Rivero ha anunciado que el próximo martes volverá a viajar a Bruselas, donde se reunirá con la presidenta de la comisión del Parlamento Europeo en este asunto, y con el ponente del reglamento que se está elaborando para exigir un mayor control en las prospecciones de gas o petróleo.

El presidente canario ha indicado, además, que desde la Comunidad Autónoma se está trabajando desde diferentes frentes para frenar las prospecciones petrolíferas en el archipiélago.

Así, en el ámbito jurídico, Paulino Rivero ha señalado que una vez que el Tribunal Supremo notifique el expediente que avala la autorización del Gobierno de España, el Ejecutivo canario presentará una demanda contra el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que permitió estas prospecciones.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Canarias presentará una queja formal ante la Comisión Europea en la que se están “cuidando mucho todos los detalles porque, en la medida que sea exigente en la comisión de datos, la CE se los requerirá al Gobierno de España”.

Por último, volvió a insistir en que desde el Ejecutivo regional se seguirá manteniendo el objetivo “político, social y medioambiental” de que llevar a cabo las prospecciones en aguas del archipiélago no es compatible con el modelo económico sostenible al que aspiran las islas.