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Sanidad reducirá personal para poder mantener el nivel de gasto

La directora del SCS, Juana María Reyes, no asegura la continuidad de la plantilla si siguen los recortes. / S.M.

JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

“Cualquier medida que suponga un aumento del coste de la plantilla tendría que ir acompañada de la reducción de ésta para mantener el gasto total igual”. Así de explícita se mostró el pasado lunes en la Mesa Sectorial la directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Juana María Reyes, quien avisó a los sindicatos de que habría más “ajustes” si el Estado realiza nuevos recortes a las comunidades.

“Lo que dejó entrever la directora del Servicio Canario de la Salud fue que si continúan los recortes habrá que despedir gente y restringir prestaciones de servicios”, exponen desde el Sindicato Médico (CESM) en Tenerife, donde aseguran que entre las medidas que salieron a colación está el “cierre indefinido de plantas en los hospitales, la reorganización de los centros de salud o el cierre de las agendas de algunos especialistas”.

Este periódico ya adelantó que entre las medidas incluidas en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma 2012-2014, está el cierre de algunos servicios normalizados de urgencias y consultorios en Atención Primaria, acciones que se ejecutarán según la “presión de ajuste” que exista los próximos meses. “Esperan que no llegue a pasar como en otras comunidades autónomas, donde ha habido importantes ajustes de personal, pero no lo pueden asegurar”, recalcan en el CESM.

En la misma línea se manifiestan desde el Sindicato de Enfermería (Satse), donde critican que la Consejería “lleva años sin facilitar datos” sobre la situación del sistema público.

“No renovar a sustitutos significa despedirlos y aumentar el número de parados en las Islas”, arguyen fuentes del Satse, quienes recuerdan que Sanidad se comprometió a paliar las carencias en personal con la facturación a terceros, algo que finalmente no se producirá.

Falta de liquidez

En la orilla opuesta, desde el SCS afirman que en la reciente liquidación del sistema de financiación relativa al ejercicio de 2010, Canarias fue la única Comunidad Autónoma con saldo negativo, a diferencia del resto de las comunidades que fue positiva.

“A estas comunidades, el Estado les adelantó ese dinero inyectando con ello una liquidez extra de la que carecemos aquí”, subrayan fuentes de Sanidad, que sostienen que el Gobierno central está exigiendo a la Comunidad Autónoma que devuelva este mismo mes de julio más de 80 millones de euros correspondientes a esa liquidación negativa, que asciende a 46,6 millones, cantidad que se suma la devolución del extinto IGTE, por importe de 35 millones”.

“Canarias ha tomado la decisión de mantener los servicios a la población, pero teniendo en cuenta la necesidad de cumplir los objetivos del déficit, cualquier medida que pueda suponer un aumento del coste de plantilla tendría que ir acompañada de una reducción de la misma para mantener el gasto total igual”, concluyen desde la Consejería.

Déficit de financiación de 1.400 millones

La Consejería de Sanidad respondió ayer a las acusaciones de la exconsejera y diputada del PP Mercedes Roldós, que el jueves afirmó que el Ministerio de Economía y Hacienda ya había hecho la transferencia para el pago a las farmacias.

Desde la Consejería dejaron claro que “las transferencias a las que se aluden realizadas por el Estado al Gobierno de Canarias son claramente insuficientes para sufragar los servicios básicos”. El presupuesto de la Comunidad Autónoma destinado en 2012 a los servicios esenciales asciende a 4.600 millones de euros (el 70% del Presupuesto de Canarias) y el Gobierno de España sólo transfiere 3.200 millones de euros. Por ello, el Ejecutivo autonómico se ha visto obligado a sufragar la diferencia y poner de su propio presupuesto 1.400 millones de euros, que resta de otras partidas. Sanidad recordó que hay que tener en cuenta que “el modelo actual de financiación no es específico para los servicios públicos, sino que la transferencia es global para todos los servicios” de la región. “Canarias lleva tiempo solicitando un modelo de financiación donde los servicios públicos y prestaciones se realicen por criterios equitativos”.