me pagan por esto>

Se acabó (casi) el tiempo> Alfonso González Jerez

El desempleo ha llegado ya al 33,4% de la población activa en Canarias. En el último trimestre se ha incrementado en un 2,32% y ya son más de 370.000 canarios sin trabajo. Y eso que el segundo trimestre solía tener un comportamiento positivo en los buenos tiempos que parece que no volverán. La agudización imparable de la recesión y los primeros impactos de la reforma del mercado laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy se han combinado para ofrecer unas cifras espeluznantes en España y en Canarias. Los menos agoreros musitan que Canarias podría superar el 35% de desempleados antes de acabar 2012, con cerca de 400.000 parados, de los cuales, 150.000 habrían agotado el subsidio de desempleo. El colapso económico y la deflagración social están a la vuelta de la esquina. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué debe hacerse? ¿Son lícitos el catastrofismo victimista o la parálisis titubeante? Creo que no. Creo que podrían (y deberían) hacerse varias cosas, ensoñaciones o milenarismos al margen:

1. Un Plan de Emergencia Social para evitar la quiebra de la cohesión social en lo más crítico de la crisis, que integre y subsuma todos las acciones, programas y planes sectoriales de naturaleza asistencial que, mal que bien, funcionan o semifuncionan hasta el momento y que bajo la coordinación del Gobierno de Canarias cuente con la colaboración activa de cabildos y ayuntamientos para minimizar costes y maximizar los efectos del gasto. Sí, efectivamente, ya existe un Plan de Emergencia Social para el Desempleo, aprobado el pasado mes de marzo por el Ejecutivo regional, y dotado con 75 millones de euros. No ha servido absolutamente para nada; por entonces, la tasa de desempleo llegaba al 30,9% de la población activa; hoy supera el 33%. No se habla aquí de un plan de reinserción laboral, sino de un instrumento asistencial integral. La participación de organizaciones no gubernamentales en el mismo es fundamental, pero no suficiente: se debe impulsar el voluntariado social y hacerlo ordenadamente en los centros de segunda enseñanza y en las universidades. Si para apagar un incendio forestal se presentan cientos de jóvenes voluntarios, ¿por qué no ocurre lo mismo con el incendio social que se está cobrando en Canarias un precio aterrador en malnutrición, desamparo y exclusión? Todos los recursos sociales y profesionales deben ser movilizados ahí donde se encuentren: en los centros de enseñanza como los mencionados pero también en colegios y asociaciones profesionales. La salvaguarda de la cohesión social resulta una cuestión estratégica, no solo por un elemental sentido de la solidaridad, sino porque la inestabilidad social, la fractura abierta y conflictiva en el seno de la sociedad, es un lastre fatal para cualquier proceso de recuperación económica. Por supuesto: la cohesión social es producto del desarrollo económico y de políticas redistributivas, y no al contrario. Pero en una situación de emergencia ya evidente devienen imprescindibles medidas paliativas y temporales. ¿La financiación? Deben exprimirse todos los recursos públicos (dejen de tirar de una vez dinero en casas talleres y chorradas similares mientras las colas en los comedores de Cáritas y Cruz Roja siguen creciendo) pero el Gobierno está obligado a dirigirse a los sectores privados. El Gobierno debe reconocer públicamente el dramatismo de la situación y exigir solidaridad a las mayores empresas del Archipiélago, y no creo que esta decisión no cuente con el apoyo de la mayoría social y no obligue a un gesto contante y sonante de los grandes empresarios de las Islas. Durante los duros inviernos de la década 1920-1930 Al Capone financió de su propio bolsillo albergues y miles de cenas calientes para los más pobres y los desempleados de Chicago. Los grandes empresarios canarios, ¿tolerarían una comparación desventajosa con Capone? En todo caso, me gustaría verlo. El objetivo fundamental del Plan de Emergencia Social es relativamente sencillo: proporcionar alimentos y recursos farmacéuticos elementales a desempleados de larga duración, ancianos con recursos insuficientes y excluidos sociales. Abriendo, asimismo, más albergues sociales: en Tenerife, al menos, uno en el Norte y otro en el Sur de la Isla.

2. Una reforma de la administración autonómica y de las administraciones públicas en general: un asunto clave de economía regional. El pasado año se convocó una comisión para la reforma de la administración autonómica, presidida por el economista José Luis Rivero Ceballos, de la que nunca más se ha vuelto a saber una palabra. Deben desaparecer ayuntamientos minúsculos (¡ya en el siglo XXI se creó el de El Pinar, en El Hierro!) deben articularse mecanismos consorciales para compartir recursos económicos y técnicos, en especial en las áreas metropolitanas, debe desaparecer la duplicidad administrativa, simplificarse los trámites burocráticos e impulsar la administración on-line. Y, sobre todo, ese proceso guiado hacia una administración más ágil, transparente y socialmente rentable debe comenzar de una vez por todas y apoyarse en una reforma de la Función Pública canaria que posibilite disponer de los recursos humanos de las administraciones reformadas ahí donde sean más necesarios, es decir, eficientes y eficaces. Es impresionante el avestrucismo que demuestra el Gobierno de Canarias en este asunto, que ciertamente no es menor porque, en términos cuantitativos, los funcionarios, interinos y laborales de las administraciones públicas canarias representan casi el 19,8% de los empleos ocupados en las Islas (la media nacional es de 17,7%) y los gastos en personal suponen cerca de los 5.000 millones de euros, el 11,4% del PIB regional (son datos todos de 2009). En Canarias no sobran miles de funcionarios, pero tampoco se puede decir que falten (salvo en algunas categorías profesionales, como la enfermería) recursos humanos; en todo caso, no debe crecer más, y si, en cambio, decrecer suavemente en los próximos años y lustros. Las cifras que a veces se manejan acusadoramente (un espléndido resumen puede encontrarse en el Panfleto contra la organización político-administrativa de Canarias, de Antonio Salazar y Jorge Bethencourt) pasan por alto un hecho muy humilde: la discontinuidad del territorio y los efectos económicos -también en el orden administrativo y funcionarial -de la condición insular. Lo público tiene siempre mayor relevancia en la estructura económica en regiones más atrasadas (y hace 25 años Canarias era una región mucho más retrasada aun) que en aquellas regiones que han logrado procesos acumulativos de capital y recursos de mayor autosostenimiento, tal y como apunta el profesor José Ángel Rodríguez citando al economista S.Kutznets. La distorsión de la realidad es aun mayor cuando, buscando el horror del ciudadano, se insulariza el gasto -no hablamos de inversión – de la administración pública: salen costes disparatados. Lo cierto es que la fragmentación archipielágica obliga a un aumento más que tangencial del gasto en recursos (personal, servicios, equipamientos) que es inevitable si no se opta por cerrar los hospitales de El Hierro, La Gomera o Lanzarote o los centros de educación secundaria en La Palma o Fuerteventura. No, el problema de las administraciones públicas canarias no está esencialmente en su dimensión cuantitativa, sino en su modelo y su operatividad cualitativas, y para eso es imprescindible una reforma estructural de la misma, una flexibilización en su funcionalidad interna, una mayor productividad y una simplificación feroz de normativas y reglamentos. Hasta la agudización de la crisis (es decir, a partir de marzo de 2010) más del 50% del PIB tenía una relación directa con el sector público canario.

3. La transición a un nuevo modelo: un camino áspero y complicado que hay que empezar a andar. Bien está que el presidente Paulino Rivero insista tercamente en la rehabilitación de la planta alojativa canaria como una fuente de creación de empleo. Puede continuar con esta declaración los martes y jueves por la tarde. Pero el resto del tiempo sería extraordinariamente positivo que lo dedicase a otros menesteres. No es tiempo perdido intentar que, en Europa, las Regiones Ultraperiféricas (RUP) negocien una estrategia política específica para el periodo 2014-2020, con España, Francia y Portugal como valedores activos (en ese sentido, ha sido poco el dinero gastado por Canarias en su oficina en Bruselas y los imprescindibles apoyos logísticos a la misma: demasiado poco y demasiado mal). Pero la actitud de esperar a que escampe y vuelva a caer (aunque sea mucho más moderadamente) el mana comunitario en las Islas es un error. En general se está pagando ahora un error terrorífico: la carencia de un consenso estratégico en Canarias para aprender de anteriores crisis y consensuar reformas y nuevos modelos de actividad económica en la que el Archipiélago pueda mostrar capacidad e identidad propia, generadoras de empleo y valor añadido. Por supuesto la corrección inevitable llega en el peor momento para el Gobierno y las administraciones públicas: caída brutal de ingresos fiscales, como fruto de la contracción agónica de la economía, y una deuda pública autonómica cada vez más preocupante, y que asciende ya a más de 3.000 millones de euros (en el segundo semestre habrá que abonar nada menos que 525 millones de la misma, lo que aboca a la Comunidad autónoma a sumarse al denominado rescate por parte del Estado). Con todo y eso los poderes públicos no pueden resignarse a la parálisis mientras se hunde el país. Es imprescindible esa estrategia integral que apueste por actividades y sectores concretos, sin descuidar al ya instalado, el turismo. Sectores como las nuevas tecnología de la información (una oportunidad que se dejó pasar en los años 90), la logística o los transportes, buscando activamente la inversión exterior y reformando, como ya se dijo, las administraciones públicas, y también las enseñanzas medias y profesionales. Puede que ya estemos llegando tarde a todo, pero si seguimos adormilados, entre pesadillas deleitosas y chillidos apocalípticos, podemos tener la seguridad de que no llegaremos nunca a ningún sitio.