La situación económica española es aterradora y España está intervenida por Europa. Estas son las dos ideas fundamentales que ningún español debe olvidar en los momentos presentes, en particular los españoles de la protesta y la pancarta. En uno de nuestros artículos del pasado mes de enero ya advertíamos que los populares se iban a ver obligados a hacer recortes salvajes en las políticas sociales. Y que nos debíamos preparar para un aumento de la conflictividad social y para que la gente saliera a la calle. Nuestros inefables, irresponsables y subvencionados sindicatos, por ejemplo, no le van a consentir al actual Ejecutivo lo que le consintieron al Gobierno anterior, y no van a limitarse como entonces a una huelga general de aliño y guardarropía para salvar las apariencias.
Porque una idea y una posición muy extendida entre los sectores de la llamada izquierda es que recortar o no recortar el gasto público y las políticas sociales es una cuestión de mera voluntad política, una decisión subjetiva que debe ser cuestionada a ultranza. Y de que es posible intentar remontar la crisis manteniendo el gasto público y la financiación de las políticas sociales a su nivel de las épocas de bonanza.
Tal fue la suicida política de Rodríguez Zapatero hasta que en torno al mes de mayo de 2010 los mercados, por boca de Obama, Merkel y Sarkozy, le advirtieron que se había acabado la diversión. Por eso la defensa de las políticas sociales que hace la oposición del PSOE por boca de Pérez Rubalcaba no es creíble: procede de un vicepresidente de un Gobierno socialista que las venía recortando sistemáticamente al compás de las exigencias europeas hasta que tiró la toalla y convocó elecciones anticipadas. Y hemos perdido casi un año por no haberlas convocado antes.
Rajoy no ha tenido más remedio que seguir haciendo lo mismo corregido y aumentado. Pobre del país si no lo hace. Y, como decimos, tendrá que llevarlo a cabo sin contar con la complicidad de los sindicatos que tuvo Rodríguez Zapatero, y con el peligro de una oposición socialista, de Izquierda Unida y de los nacionalistas proclive a la demagogia y al oportunismo. La ciudadanía, además, le va a exigir resultados a corto plazo y esos resultados no siempre -casi nunca- llegarán, porque la situación económica es pavorosa y las medidas que se están adoptando solo producen efectos en el medio plazo. De modo que muchos sectores, incluso de votantes populares, no van a aceptar los drásticos recortes sociales y las brutales políticas de ajuste que el Gobierno se va a ver obligado a implementar si quiere que, de verdad, remontemos la crisis y no entremos en una recesión incontrolable, en una bancarrota del Estado.
¿Y por qué se está enmascarando el evidente rescate europeo de España? ¿Es una argucia de Rajoy? Pues no, es una exigencia de la propia Europa: la economía española no es la griega ni la portuguesa, y un rescate explícito de nuestra economía (o de la italiana) tendría consecuencias altamente perturbadoras e irreversibles para la zona euro. Mientras se pueda evitar, se evitará. La pregunta clave sigue siendo por qué la economía española continúa empeorando a pesar de que el Gobierno está cumpliendo estrictamente las directrices europeas y empeñado en el buen camino de reducir el déficit público a cualquier precio con una política de austeridad y restricción a ultranza, una política de contención severa del gasto público, de rebaja de salarios y de aumento de impuestos. En definitiva, una política que deprime la demanda efectiva, el consumo y la inversión, con el peligro, incluso, de conducir a una situación irremediable de recesión económica.
La primera respuesta es que, como hemos dicho antes, las medidas que se están adoptando solo producen efectos en el medio plazo. La segunda respuesta es que el Banco Central Europeo, en su defensa de la Eurozona, ha adoptado una política más restrictiva y no está concediendo las facilidades que concedió en la época socialista. Pero la tercera respuesta es la más clarificadora y se refiere a la confianza. España y su Gobierno generan una profunda desconfianza porque su incidencia en los presupuestos públicos es tan solo del 22%, mientras que el conjunto de las Autonomías se acerca al 40%. Y los mercados, empezando por la agencia de calificación Moody’s, dan por hecho que en el presente ejercicio, y como de costumbre, las Comunidades Autónomas volverán a incumplir su objetivo de déficit y tendrán que ser rescatadas, lo que supondrá una sobrecarga adicional para el Tesoro español. Para empezar, ya lo han pedido o van a pedir Valencia, Murcia y nada menos que Cataluña.
Esta responsabilidad -y este fracaso- del Estado de las Autonomías lo analiza Jorge de Esteban en un reciente artículo en El Mundo, aunque con una conclusión falsa. Afirma que el Gobierno pudo elegir entre reorganizar o desmantelar el Estado de las Autonomías o reducir el Estado del Bienestar y eligió la segunda opción, la peor. ¿Cómo que el Gobierno pudo elegir? Él sabe que reorganizar o desmantelar el Estado de las Autonomías requiere una profunda reforma de la Constitución o más bien la elaboración de una nueva, es decir, la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes y todo lo demás. ¿Alguien imagina que eso es posible aquí y ahora? Sería una buena noticia que Europa nos obligara a hacerlo.