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Canarias, donde más bajará el gasto en dependencia

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es la comunidad donde más bajará proporcionalmente en 2012 la inversión en atención a personas dependientes por los recortes de gasto público, un 22,7 %, el doble que la media estatal (11,2 %), según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

El porcentaje de reducción en el gasto destinado a aplicar la Ley de Dependencia en las islas, que dicha organización profesional cifra en un estudio en más de 21,9 millones de euros, supera además en casi cuatro puntos a los de sus inmediatas seguidoras, Baleares y Murcia, donde se estiman recortes del 18,9 % en ambos casos.

La eliminación, a través de un Real Decreto Ley del Gobierno español, del derecho de las personas que hubieran solicitado su reconocimiento como dependientes a cobrar las prestaciones que les correspondieran con carácter retroactivo si la tramitación de su expediente se demoraba más de seis meses determinará la mayor parte de la reducción de ese gasto, 10,8 millones, según sus análisis.

Otra modificación de las normas del llamado Sistema de Atención a la Dependencia que provocará rebajas en el gasto en Canarias y que, al igual que la anterior, entró en vigor esta semana, el 1 de agosto, es la reducción en un 15 % de la cuantía de las denominadas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar, conforme a los directores y gerentes en Servicios Sociales.

Esa medida supondrá una disminución de la inversión de 1,6 millones de euros en las islas, donde el gasto bajará bastante más en todo caso, más de 7,5 millones de euros, por la supresión del nivel de atención convenido entre las administraciones estatal y las autonómicas que existía hasta la aprobación del referido Real Decreto Ley, de acuerdo a un comunicado de la organización.

Este colectivo sostiene que la disminución de 21,9 millones de euros que pronostican en la inversión en la atención a la dependencia en Canarias se completará con 2.341.092 euros que se ahorrará el Estado al haber decretado también una reducción del 13,2 % del nivel mínimo de financiación de ese gasto garantizado a las comunidades autónomas que existía hasta ahora.

Desde la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se calcula, en todo caso, que ese retroceso en la inversión en atención a la dependencia de Canarias es inferior en términos absolutos al de otras nueve autonomías.

Los mayores recortes en términos absolutos se producirá en Andalucía, con una previsión de casi 177 millones de euros menos; Cataluña, con 126 millones menos; y la Comunidad Valenciana, con 50 millones menos.

También superarán el descenso del archipiélago los estimados para Castilla La Mancha, de 43,3 millones de euros; Madrid, de 43 millones; Galicia, de 42,2 millones; Castilla y León, de 34,8 millones; Murcia, de 29 millones; y Aragón, de 26,3 millones.

La organización profesional responsable del estudio, que afirma que las medidas de ahorro en la atención a la dependencia suponen un “destrozo total” del sistema desarrollado para ella, critica además las decisiones adoptadas en la materia por entender “tienen otro efecto perverso y territorialmente injusto”.

Ya que “los impactos de las restricciones presupuestarias serán muy desiguales entre los territorios autonómicos y, además, favorecerán a las comunidades que peor desarrollaron esta política social, hundiendo a las que lo hacían razonablemente bien o lo intentaban”.