LUIS F. FEBLES | Puerto de la Cruz
El fenómeno del botellón sigue provocando aceptaciones y desavenencias en una sociedad azotada por la crisis. Los jóvenes, ante la imposibilidad de pagar los estratosféricos precios de las copas en bares y discotecas deciden, por placer unas veces, y por necesidad otras, reunirse en las calles de cualquier ciudad para prepararse antes de una noche de marcha. En el caso de Puerto de la Cruz, otrora cita ineludible del ocio nocturno del Norte de la Isla, el Ayuntamiento portuense decidió hace unas semanas poner freno a los macrobotellones que se organizan en puntos clave de la ciudad turística.
Tras aprobarse el procedimiento sancionador de la ordenanza de Convivencia Ciudadana, se empezó a dar caza a todo aquel que consumiera alcohol en la vía pública. Ya se ha registrado un considerable número de denuncias. Nadie se libra de pagar multas que pueden llegar incluso a los 1.500 euros. En la calle se abre el debate, en cambio, los responsables municipales lo tienen claro: erradicar el botellón. Debatir sobre esta práctica lleva a posturas más tolerantes, comprensivas y contrarias a las medidas prohibicionistas. Ahí está la cuestión.
El derecho al descanso, la suciedad que genera el botellón y los malos hábitos que se fomentan, son los argumentos más empleadas. La falta de ocio y la mala situación económica de muchos ciudadanos son, para los jóvenes encuestados por este periódico, una de las razones por las que el botellón sigue siendo una práctica cotidiana.
Crítica política
También, la oposición en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha salido a la palestra para criticar la falta de una campaña de información sobre las sanciones. Así, el grupo municipal socialista, Vecinos por el Puerto (VxP) e Izquierda Unida Canaria (IUC) coinciden en señalar que el trasfondo de estas medidas debe valorarse en la potenciación de alternativas de ocio a los jóvenes. El PSOE tiene claro que las imposiciones llevadas a cabo “son precipitadas y poco consensuadas con la oposición”. El portavoz socialista, David Bernat, entiende que “no es simplemente ir a multar, tiene otra óptica, hay que ir al origen y preguntar por qué menores de edad están por ahí con botellas”.
Por su parte, el portavoz de VxP, Jaime Coello, señala que es “fundamental informar y advertir a los jóvenes”. Deja claro que “de repente, parece que surge el problema del botellón; la ordenanza lleva mucho tiempo en vigor y se han producido numerosos botellones con anterioridad; hay que atacar desde el punto de vista de las drogodependencias”.
El concejal de IUC, Jonás González, apoya las argumentaciones de sus compañeros y propone la creación de un espacio destinado a que los jóvenes puedan beber alcohol con moderación y sin molestar a los vecinos. “La vía coercitiva no es la más adecuada, se debería actuar desde la prevención. Es una medida clasista ya que impide a jóvenes con menos recursos tener una oferta de ocio como la que tienen los que más recursos poseen”, apostilla convencido.