EFE | Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife

Los Colegios de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han denunciado que la reforma que dejará sin cobertura sanitaria pública a los inmigrantes irregulares “viola” la legislación y han llamado a sus asociados a que la rechacen y defiendan la sanidad universal.

En un comunicado, ambos colectivos profesionales expresan su preocupación por la decisión del Gobierno canario de aplicar el recorte que le impone en este ámbito el Ministerio de Sanidad, porque, a su juicio, se trata de una medida que infringe la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los trabajadores sociales recuerdan a las administraciones públicas que la Constitución consagra el derecho a la salud y que el Estatuto de Autonomía de Canarias protege la igualdad de todos los ciudadanos que viven en el archipiélago, sin distinción.

“Excluir a unos ciudadanos de las prestaciones sanitarias porque se han quedado en una situación irregular desde el punto de vista administrativo supone una violación de las leyes que obligan a la administración pública a defender la igualdad”, denuncian.

Los dos Colegios provinciales subrayan que el Gobierno canario “debería tener en cuenta que muchos ciudadanos extranjeros se quedan en situación irregular como consecuencia de la crisis económica, después de haber estado contribuyendo con sus impuestos y sus cuotas a la Seguridad Social al bienestar colectivo”.

“La realidad de estas personas es que, en la mayoría de los casos, son trabajadores que pasan a una situación de desempleo, que conlleva a que caduque su permiso de trabajo y, por tanto, el de residencia. Esta contundente injusticia es producto de la crisis económica”, añaden.

A su juicio, resulta “inadmisible que las administraciones públicas castiguen aún más a unos ciudadanos que se ven inmersos en un laberinto legislativo absolutamente injusto y ajeno a su voluntad”.

Los Colegios de Trabajadores Sociales expresan además su respaldo a los profesionales sanitarios que se han declarado objetores de conciencia a esta reforma del Gobierno central.