Francisco de Borja Benítez de Lugo y Massieu, senador del PP por Gran Canaria, ha sido denunciado por malos tratos por su ex mujer, tras un altercado en casa del senador, y después de que la denunciante presentara un parte por lesiones leves. ¿Se trata de un caso real de violencia machista? Como ocurre siempre en este tipo de sucesos es muy dificil sostener una opinión fundada en hechos. Por eso, en esta ocasión no debiera actuarse de distinta manera de la que se suele aplicar en el caso de tantos otros ciudadanos que son denunciados ante los tribunales por maltrato o agresiones. La receta es sencilla: protección de la denunciante, estricta observancia del principio de presunción de inocencia del denunciado y rápida actuación judicial para esclarecer responsabilidades.
Lo que ocurre es que el caso de este senador es ligeramente diferente, en atención a un hecho que nada tiene que ver con lo ocurrido. Resulta que el cargo que ostenta viene acompañado de una protección especial y el senador solo puede ser investigado e interrogado por el Tribunal Supremo. A eso se le llama estar aforado, y el aforamiento impide que los tribunales actuen sin pasar antes por un complejísimo procedimiento parlamentario para la obtención de suplicatorio.
Quizá este asunto debería hacernos reflexionar sobre lo absurdo de un sistema de aforamiento que cubre a Sus Señorías en delitos que nada tiene que ver con su actuación política o la expresión de sus ideas. El aforamiento tuvo su origen histórico en la necesidad de proteger a los representantes del pueblo del poder real del monarca. Y debería mantenerse en lo que se refiere a delitos de opinión y a las manifestaciones de los parlamentarios. Pero uno no entiene que un diputado o un senador deban estar protegidos ante un robo, un cohecho, una violación o cualquier presunto delito que nada tiene que ver con su función. Se trata de otro privilegio absurdo que la democracia debería revocar, como esa indecencia de que los parlamentarios estén exentos de pagar impuestos por lo que cobran como parlamentarios.
En cualquier caso, sin disponer de información no interesada de lo que pudo suceder en casa del senador entre él y su ex mujer, sí conviene recordar que hace no tanto otro senador, el socialista Casimiro Curbelo, se vió obligado a dimitir de su cargo en medio de un escándalo desproporcionado,msólo por haber estado en un bar de alterne en compañía de su hijo, y haberle acompañado después a presentar una denuncia ante la policía, porque el joven se sintió vejado por la actuación del portero del local.
La dimisión de Curbelo, sin que se hubiera producido ningún delito, se produjo cusndo faltaban sólo unas semanas para el inicio de la campaña electoral. Ahora faltan tres años, y el asunto igualmente personal y privado del senador grancanario no ha merecido prácticamente titulares ni comentarios. Curioso rasero el de una moralidad pública que se amplia o estrecha en función de la proximidad de la cita con las urnas.