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El Gobierno canario dice que TS aún no ha fallado si los sondeos son legales

EFE | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario ha recalcado hoy que el Tribunal Supremo (TS) aún no se ha pronunciado sobre si son o no legales los permisos otorgados por el Consejo de Ministros para hacer sondeos petrolíferos en aguas cercanas a las islas, puesto que aún no ha fallado el fondo del asunto.

Mientras se dilucida si los permisos de prospección otorgados a principios de año a un consorcio liderado por Repsol respetan o no la legislación española y europea, el Gobierno canario y el Cabildo de Lanzarote intentaron bloquearlos mediante un incidente de ejecución de sentencia y una petición de medidas cautelares.

En el primer caso, pretendían que el Supremo declarara que los nuevos permisos vulneraban la sentencia de 2004 que revocó las autorizaciones de 2001 por falta de medidas de control ambiental y, en el segundo, solicitaban una suspensión cautelar para evitar posibles daños al medio ambiente y a la actividad turística.

El Supremo falló ambas peticiones en junio a favor del Gobierno de España, al entender que ni los nuevos permisos vulneraban la sentencia de 2004, ni se habían aportado pruebas para sostener que las prospecciones pueden provocar daños de carácter irreparable.

En un comunicado, el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, subraya que, en el auto que se ha conocido hoy, el Supremo se ha ratificado en la primera de esas dos decisiones: que los permisos concedidos este año a Repsol no contravienen la sentencia de 2004.

Sin embargo, insiste, el Alto Tribunal “aún no se ha pronunciado sobre su legalidad”, porque todavía no hay sentencia sobre el fondo del asunto: la impugnación de los nuevos permisos.

“El Tribunal Supremo no ha dicho sí a la legalidad de las prospecciones: se ha limitado a resolver un recurso sobre una posible contradicción con su fallo en el año 2004″, argumenta Marrero.

El portavoz del Gobierno canario recalca que “el pleito principal, en el que se dirime la legalidad de las prospecciones, no tiene aún pronunciamiento” y que, de hecho, el Ejecutivo autonómico todavía está “en plazo para formalizar la demanda correspondiente”.