DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife
Los ayuntamientos están desbordados por la elevada y creciente demanda de servicios sociales por parte de los ciudadanos. A la inquietante disminución de los recursos propios se añade la proyectada reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (1985), que ha encendido las alarmas acerca de la supresión de competencias.
“Nos parece bastante preocupante lo que está pasando”, clama Elena Luis Domínguez, vicepresidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). “Nos da la impresión de que habrá que buscar fórmulas para atender a la gente”, comenta la alcaldesa de La Guancha.
En su opinión, lo que plantea el borrador de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es un “engaño” a los ciudadanos. “Para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, el catálogo de servicios obligatorios mantiene el mercado y, en cambio, desaparecen las prestaciones sociales. La situación actual es muy complicada, porque no sabemos cómo afrontarlo. Y lo malo es que va a peor”.
Luis recuerda que cuatro de cada 10 desempleados ya no perciben prestaciones. “Cuando lleguemos a diciembre, esa cantidad será seguramente mucho mayor”, advierte la directiva de la Fecam.
Sobre la financiación, Elena Luis hace hincapié en que los recortes son muy grandes. “Hemos tenido que adaptar los gastos”, apostilla la regidora de Coalición Canaria (CC).
Para este año están garantizados los presupuestados 203 millones de euros del Fondo Canario de Financiación Municipal, pero la cifra se reducirá a partir de 2013. Ya no se actualizará en función de la evolución del producto interior bruto (PIB) o de la inflación (IPC), sino que se adecuará a la evolución de ingresos de la Comunidad Autónoma.
En un documento interno, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) calcula que las administraciones autonómicas deben unos 1.000 millones a las corporaciones locales. Sin embargo, ni en la Fecam ni en el Gobierno canario existe constancia de una deuda con los ayuntamientos en esa dirección.
Según el Banco de España, la morosidad de los ayuntamientos es de 35.420 millones, de los que 33.500 millones son préstamos.
Con más de 47 millones de habitantes, España es el quinto país por población y el segundo en extensión de la Unión Europea, después de Francia. Las corporaciones españolas registran una extensión media de 62 km2, frente a los 299 de Portugal y los 601 de Gran Bretaña.
El Consejo Europeo vincula unas cuentas saneadas a un mínimo de 10.400 empadronados. En España, el 83,7% de los municipios (6.796 de 8.116) son de menos de 5.000. En Canarias representan el 23,9% de 88.
El informe La eficiencia de los ayuntamientos españoles, de la auditora Rusell Bedford, coloca al Archipiélago (23,9%) en el grupo de las regiones más urbanas, junto a Murcia (20%) y Madrid (11,2%). En el otro lado, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura suman más ayuntamientos pequeños que la media nacional (83,7%). Ese porcentaje supera el 97% en la primera de ellas.
“Aunque hay diferencias por comunidades”, subraya el estudio, “la realidad española evidencia que los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes son los que atraen la mayor atención social, política y económica de sus respectivos territorios”. Solo suponen el 1,8% de las corporaciones totales.
Cerca de 25 millones de españoles, el 52,3%, reside en municipios de más de 50.000 habitantes. No obstante, su reparto es desigual: del 27,40% de Extremadura al 84,40% de Madrid. Canarias figura con el 52,40%.
Los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes (el 83,7%) gestionan el 13,8% del global de los ingresos municipales, lo que significa poco más de 7.700 millones de euros al año. En Canarias son 84,2 millones (3,70%).