El rediseño de la ayuda a los parados de larga duración, pomposamente bautizada como Plan Prepara, parece responder más a criterios ideológicos que prácticos. Nadie discute que hay pocos recursos y que la tarea de las administraciones es gastarlos lo mejor posible. Pero estar en misa y repicando al mismo tiempo no suele dar buenos resultados en política. El Gobierno amagó primero con hacer desaparecer la ayuda, y alguna diputada incluso expresó su alegría por esa decisión con aquél tristemente famoso “que se jodan”, dirigido a la panda de vagos y maleantes incapaces de conseguir -como ella- un buen enchufe en el sistema.
Ahora el Gobierno ha inventado un mecanismo por el que se ofrecen unos pocos euros más a algunos parados sin otros ingresos -se pasa de 400 a 450 euros- pero sacándolo todo del mismo fondo, al que no se aumenta la dotación, a pesar de que los parados sin ninguna prestación continúan creciendo al mismo ritmo vertiginoso al que se agota el seguro por desempleo. En estos momentos los parados sin ningún tipo de subsidio superan con creces los dos millones de personas. Los que atiende al Plan Prepara son apenas el 5% de esa cifra.
El nuestro es un país de debates falsos, alimentados intencionadamente para desviar la atención: podemos criticar que el nuevo plan considere a los jóvenes que han perdido su trabajo seres dependientes de sus familias, que se considere la pensión del abuelo un ingreso que impedirá solicitar la ayuda, o que se aumente el nivel de burocratización y papeleo y las pruebas más o menos absurdas para poder acceder al subsidio. Pero el hecho de verdad dramático y central es que este plan no cubre más que a un porcentaje mínimo de parados de larga duración, y con la aprobación del nuevo diseño va a proteger aún a bastantes menos, mientras el Gobierno nos entretiene con novedosas gaitas sobre la responsabilidad social y el valor del trabajo.
Esa es la cuestión de fondo: la otra es que todos sabemos el gigantesco fraude que existe en relación con el paro registrado. Todos conocemos gente que cobra el paro y trabaja, igual que conocemos gente que defrauda en la renta, empresas que no facturan el Igic, funcionarios que no cumplen con su jornada laboral, gente que pacta sus despidos con el patrón o concejales amiguetes que retiran multas de tráfico. Y aunque no los conocemos, al menos tan bien, sabemos qué empresarios han pagado comisiones y qué políticos las han cobrado, quiénes se han hecho ricos con la privatización encubierta de las cajas, quiénes han cobrado indemnizaciones multimillonarias de dinero semipúblico por llevarlas a la ruina. España es la tierra del Lazarillo, y aquí aprendemos a hacer trampas antes de aprender a hablar.
Ojalá se combatiera de verdad el fraude en el paro -y en todo lo demás- pero eso no se va a resolver obligando a los parados a probar que han buscado trabajo con otro papel más, otro penoso engorro burocrático, otra humillación inútil.