El Parlamento de Canarias debatirá el próximo mes de octubre una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Ley Canaria de Educación, promovida por más de 35.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que observan con honda preocupación el deterioro de la educación pública en nuestras Islas como eje fundamental para el desarrollo social, cultural y económico de esta tierra. La propuesta, elaborada por la Comisión Promotora de la ILP de Educación, llega en un momento más que oportuno, un momento en el que la ciudadanía sigue observando cómo la Comunidad de Canarias ofrece los peores índices de fracaso y abandono escolar de todo el Estado español.

La ILP accede al Parlamento con una fuerza inusitada y con argumentos más que suficientes. Llega porque se hace urgente e impostergable proteger, amparar y desarrollar un sistema de educación pública en un territorio marcado históricamente por un grado de subdesarrollo y analfabetismo que durante décadas convirtió a Canarias en un triste escenario cuyo protagonista fue un pueblo sin formación y, por tanto, sin futuro. Ahora que las Islas por fin se han sumado a esa marea que hizo de la educación básica un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, nuestras Islas se siguen manteniendo en el vagón de cola en cuanto a índices de éxito escolar. Y parece que el Gobierno de Canarias no tiene otra intención que soltar definitivamente ese vagón del resto del tren.

En mal momento, y sin argumentos, llegan los descabellados tijeretazos que viene aplicando el Ejecutivo de Paulino Rivero, con los que se descarga en la educación una parte importante de las medidas de ajuste económico impuestas al Estado y a las comunidades autónomas ante la feroz crisis capitalista que otros generaron para que ahora seamos nosotros quienes paguemos por sus pecados.

Sí se puede no se queda ni se quedará al margen de esta ILP, pues la totalidad del contenido de esta propuesta legislativa se corresponde con los planteamientos que nuestra formación expuso en su programa político general para las elecciones del pasado año 2011. Ya lo decíamos entonces y lo reiteramos ahora: “La Educación Pública es un derecho universal y un servicio esencial que el Gobierno de Canarias debe asegurar a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad y justicia. Debe ser gratuita y contar con los recursos humanos y materiales necesarios para hacer efectivo este derecho”.

Por todo ello, nuestro partido y otras organizaciones de izquierda estamos llevando conjuntamente ante los plenos de muchos ayuntamientos de Canarias -en septiembre lo haremos en Santa Cruz- una moción en la que expresamos nuestro total apoyo a la ILP, nuestro rechazo al creciente deterioro del servicio público de la educación y nuestra solicitud para que se traslade al Gobierno de Canarias y al Parlamento de las Islas la petición de elaboración de una Ley Canaria de Educación, dotada de financiación suficiente, que alcance al menos el 7% del PIB en un proceso de una o dos legislaturas. Es de justicia.