EFE | Las Palmas de Gran Canaria
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Canarias y UGT han pedido hoy medidas de apoyo para este colectivo, cuya carga fiscal se va a elevar en un promedio de 980 euros al año debido al aumento de los distintos impuestos, cuestionando en muchos casos su futuro.
Y es que afrontar un aumento anual de los gastos de esa cuantía, derivado de las subidas que han aprobado los gobiernos central y canario en impuestos como el IGIC o el de la renta de las personas físicas, puede llevar a liquidar su negocio a muchos de los 105.486 trabajadores autónomos existentes en las islas y a renunciar a abrir nuevas actividades a otros emprendedores, advierten.
Algo que las autoridades deben tratar de impedir en un momento en que el autoempleo es una de las pocas alternativas que existen para abandonar las cada vez más cuantiosas listas del paro, ante los crecientes despidos de trabajadores por cuenta ajena, han sostenido el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, y el coordinador regional de UPTA, Alexis Serra.
En una rueda de prensa convocada para presentar un informe conjunto en que han analizado las previsibles consecuencias negativas para los autónomos de las últimas alzas impositivas decididas por la Administración, ambos han coincidido en subrayar que esos perjuicios agravan la falta de liquidez que amenaza sus negocios, debida a los impagos de deudores y a la falta de crédito.
Frente a esta situación, han propuesto que el Gobierno de Canarias constituya una cooperativa de crédito pública que posibilite que llegue dinero a las empresas, los trabajadores autónomos y las familias canarias.
Además, han demandado al Gobierno regional que promueva que se constituya una comisión con las organizaciones de esos profesionales destinada a agilizar la aprobación de la Ley Autonómica del Emprendedor de Canarias y el Consejo Autonómico de Trabajo Autónomo, conforme a lo previsto en la norma estatal del sector.
Serra y Santana han hecho esas peticiones desde la opinión de que también la comunidad autónoma puede y debe intervenir en favor de ese colectivo profesional y no solo el Gobierno central, al que la organización estatal de UPTA y su delegación de Canarias han dirigido, en todo caso, el grueso de sus reivindicaciones para afrontar sus problemas actuales.
Reivindicaciones como que el PP “cumpla con sus compromisos electorales e impulse definitivamente la Ley de Emprendedores, y la dote de presupuesto tal y como prometió en campaña electoral y durante los primeros meses de acción de gobierno”, en un momento en que el proyecto, “aparentemente, se ha guardado en un cajón”, según se apunta en un escrito distribuido por ambos.
En él se detalla también otra de las propuestas de UPTA y UGT para favorecer al colectivo, que es crear una figura reducida de cotización a la Seguridad Social, que proponen rebajar de los actuales 240 euros mensuales de media a no más de 75 euros, con la idea de que, establecida con carácter transitorio, permita minimizar el impacto fiscal.
Gustavo Santana ha recalcado que esa medida se propone aplicar no de forma genérica, sino “estudiando caso por caso”, pero que sería importante porque contribuiría a “evitar que muchos autónomos tengan que recurrir a la economía sumergida cono modo de subsistencia”.