JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Aunque cada vez son más habituales en los hospitales del Archipiélago, hay situaciones que continúan pasando desapercibidas, especialmente en épocas como la actual, donde la crisis está golpeando con especial virulencia el sistema sanitario.
Es el caso de los pacientes que se niegan a abandonar los centros hospitalarios a pesar de haber recibido el alta médica. Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS de fuentes sindicales, tanto en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) como en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria hay en la actualidad una treintena de casos de este tipo, fundamentalmente en las unidades de Neurocirugía y Medicina Interna. Y es que, aunque la ley permite que la administración pública aplique el alta hospitalaria de forma forzosa a un ciudadano, la realidad es mucho más compleja.
Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico confirmaron la existencia de casos de este tipo en los hospitales tinerfeños, aunque aclararon que “habría que estudiarlos uno por uno para dar un número concreto”, algo que según las mismas fuentes es “imposible”.
Tal y como explican desde el gabinete jurídico de UGT, en el ámbito asistencial surgen “multitud de dudas sobre cómo actuar cuando el paciente no quiere el tratamiento que se le ofrece o ha agotado el prescrito, pero en cambio quiere permanecer en el hospital recibiendo asistencia”. Así, es muy frecuente que estos enfermos cuenten en esta decisión con el respaldo de su entorno familiar. De igual modo, desde Intersindical Canaria (IC) aseguran que entre los pacientes que se niegan en redondo a abandonar el hospital, lo más frecuente es el caso de “personas mayores con patologías invalidantes y faltos de apoyos fuera del centro”. Mucho menos habitual, recalcan las mismas fuentes, es el perfil del paciente que abusa del sistema sanitario porque tiene problemas sociosanitarios. También está el que puede recibir tratamiento en otro centro o afirma sentirse más seguro en el que se encuentra actualmente; o aquel que lleva meses esperando por un traslado que la administración no puede costear en estos momentos.
Desde Comisiones Obreras (CC.OO.) exponen que “el tratamiento involuntario parece sencillo pero cuesta mucho aplicarlo en la práctica”. Sucede, por ejemplo, con varios pacientes con procesos infecciosos que, pese al riesgo de contagio, se niegan a ser tratados. En otras personas, el problema surge porque el paciente está incapacitado para tomar una decisión al presentar deterioro cognitivo, como son varios de los casos con los que lidian en este momento en el HUC. El conflicto, a medio camino entre lo ético y lo judicial, se viene repitiendo con frecuencia en los hospitales canarios. En concreto, la Asociación El Defensor del Paciente contabilizó más de un centenar de casos de este tipo entre 2008 y 2011, de los que una docena acabaron en los tribunales.
En el trasfondo de la cuestión se encuentra, según denuncian los sindicatos médicos y los colegios profesionales, la acuciante falta de camas hospitalarias con las que cuenta hoy día la región. No en vano, el último estudio sobre Demografía Médica editado por la Organización Médica Colegial (OMC), basado en una compilación de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ponía de manifiesto que el sistema público del Archipiélago está lejos de lo deseable en este aspecto. En concreto, según el referido informe, en la última década la ratio de camas por número de médicos en Canarias decreció más del 35 %, lo que sitúa a las Islas a la cola del panorama nacional. En cifras, este porcentaje supone que desde el año 2000 Canarias ha perdido más del12 % de camas en funcionamiento y casi el 15 % de camas instaladas. Esta carencia también se ve reflejada en el último informe del Instituto de Información Sanitaria, dependiente del Ministerio de Sanidad, que reflejaba que el Archipiélago está por debajo de los niveles que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien recomienda entre ocho y diez camas por cada 1.000 habitantes.
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Sanidad sostiene que no modificará créditos para pagar a las farmacias
Tras la denuncia de Intersindical Canaria (IC) de que Sanidad ha derivado más de 15 millones de euros del capítulo de personal para hacer frente a la deuda que acumula con los farmacéuticos –publicado ayer en este periódico-, la Consejería autonómica aclaró que “el pago a las farmacias se hace a partir de lo presupuestado en el capítulo 4 y no se está tramitando ningún expediente de modificación de crédito en ese sentido”.
Sanidad ha reiterado en varias ocasiones que los actuales problemas de pago a los profesionales de las oficinas de farmacia se deben a “retrasos en los abonos de las transferencias estatales” y no a un problema de liquidez, como apuntan desde el PP en Canarias. Sea como fuera, a día de hoy la Consejería adeuda más de 75 millones de euros a los farmacéuticos del Archipiélago.
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