La semana pasada ocurrió un hecho, no inusual, pero sí brutal: la agresión a un agente de la autoridad en Las Palmas de Gran Canaria.

El ataque a un policía es un suceso grave, pero ocurre que la mayoría de las veces, esto no es tomado así. Me viene a la memoria ese chiste en el que un juez condena a una persona a pagar 30 euros por pegar a un policía, pero en vez de darle los 30, le da 60 euros, y el juez le dice: ¡oiga!, que solo eran 30 euros. ¡Ya!, señor juez, pero quiero pagarle por adelantado otros 30 euros por la cachetada que le voy a dar ahora.

Me produce una gran pesadumbre ver como gestiona este país el derecho a la vida y a la integridad física. La constitución lo tiene claro en cuanto a su protección. Sin embargo, ocurre que algunos no lo tienen claro hasta que no les pasa a ellos. Diariamente la prensa nos sorprende con multitud de noticias de agresiones que terminan en condenas irrisorias.

Está claro que el sistema falla, y no llegan las soluciones. Los delitos y faltas contra la integridad física están aumentando alarmantemente.

El policía en cuestión fue agredido brutalmente, con saña, por parte de tres jóvenes, entre los que se encontraba una chica, que disfrutaban de lo que hacían. El casco de la moto lo protegió de que terminara como otros tantos agredidos que reciben una lluvia de golpes hasta que les llega el certero, habitualmente en la cabeza, y mueren. Y, ¿ahora qué?
Actos como este ponen de relieve la mala situación en que se encuentra este país, y ya no me refiero a la cuestión normativa, que también falla, sino a algo más profundo, y esto es la crisis de valores.

En el caso en cuestión, estamos ante una infracción del artículo 550 del Código Penal que califica el hecho como de atentado contra un agente de la autoridad, para lo cual establece una pena de prisión de uno a tres años; también de un delito de lesiones del artículo 147 en el que concurren circunstancias del tipo agravado y recogidas en el 148, castigando con pena de prisión de dos a cinco años. Por tanto, nos iríamos a una pena mínima de 3 años de prisión.

Pero la pena no fue así ni por asomo. Esta barbarie, brutalidad de acción, no resultó como todos esperábamos. Sus autores ni siquiera pisaron la prisión de Salto del Negro, a pesar de la imagen tan dantesca que supone ver a un agente de la autoridad, siendo pateado con menosprecio por tres personas, a primeras horas de la mañana, en pleno Paseo de las Canteras. Lugar, por cierto, internacionalmente conocido; un estandarte turístico visitado diariamente por miles de personas, que tristemente esa mañana dio una imagen de crueldad y salvajismo para nada propio de un país desarrollado y civilizado.

La constitución española encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad la protección de los derechos y libertades. Pero, ¿quién les protege a ellos?, ¿cómo pretendemos que estas habituales víctimas nos protejan a nosotros? En realidad, ¿es esto lo que queremos?