
M. FRESNO | Santa Cruz de Tenerife
La posibilidad de que el Gobierno quite, reduzca o limite el uso del descuento al residente canario ha provocado un auténtico revuelo entre las instituciones, organizaciones y partidos políticos. A pesar de que todavía el Partido Popular (PP), autor de esta iniciativa, no ha especificado en qué consiste la moción, el temor a que esta ayuda, que actualmente es del 50%, desaparezca o se reduzca al 33% de hace unos años, es unánime.
El texto, aprobado el jueves en el Senado con la mayoría del PP, sí deja bien claro que las bonificaciones aéreas estarán vinculadas, en los próximos años, a las disponibilidades presupuestarias.
Sin embargo, para el presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje, Rafael Gallego, esto no es nuevo, ya que la partida de la ayuda al residente siempre se ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Gallego profundizó más y aseguró que, ya en 2010, el entonces ministro de Fomento, José Blanco (PSOE), advirtió de que se podrían modificar las cantidades debido a que habían detectado fraudes. “Y no oí ninguna queja”.
En 2007, explicó Gallego, pedimos que se investigara a algunas compañías aéreas porque estaban haciendo un “mal uso” de las bonificaciones. “A día de hoy nadie nos ha contestado, ni ha contactado con nosotros”, dijo. Por esto, aseguró, “me produce estupor los argumentos esgrimidos por los partidos políticos, que si hubieran actuado antes, cuando denunciamos, esto no se hubiera producido”.
Gallego afirmó que el mal uso de las ayudas por parte de algunas aerolíneas, así como la falta de iniciativa de los políticos para investigar lo que estaba pasando, es lo que ha provocado que ahora todos los canarios “paguemos el pato”.
No obstante, recordó que la bonificación es un “derecho” del pasajero, no de las compañías, y destacó el perjuicio que generará en todos los canarios que se tienen que mover por el territorio nacional por razones sanitarias, de educación o laborales. “Realmente, el porcentaje del ocio es mínimo”, indicó.
De la misma manera se pronunció ayer el secretario general de la Unión de Consumidores de la provincia tinerfeña, Raúl Alonso, quien insistió en que se está “cargando” sobre el consumidor algo que no le pertenece, sino que hacen las compañías aéreas. “La mayor parte de los fraudes los cometen las aerolíneas, y es a los canarios a los que se nos castiga”.
En opinión de Alonso, la obligatoriedad del certificado de residencia no es solo volver “al siglo pasado” sino “castigar” aún más a un consumidor agobiado por las “deudas”. “Además, va en contra de la filosofía de las RUP, dentro de las cuales nos incluimos, precisamente por estar alejadas del continente, y quiebra un principio fundamental como es el derecho a la igualdad y que aparece recogido en la Constitución”. Para Alonso, el problema no se va a solucionar con reducir la ayuda del 50% al 33%, “porque el fraude se seguirá produciendo”. “Hay que atacar directamente al que defrauda”, y recordó que si, finalmente, se quita este descuento, “los canarios no seremos iguales al resto de los españoles”.
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Reacciones
wPatronal. Fuentes empresariales criticaron duramente la medida del Gobierno, en el caso de que se eliminen las bonificaciones, y aseguraron que los canarios “somos los perjudicados de algo que ha hecho una compañía aérea”.
wCabildo. “Es una lástima que el señor Soria, que es canario, no haya sabido o no haya querido explicar a sus compañeros de gabinete la importancia fundamental que tiene para las Islas mantener las bonificaciones como un medio para corregir los desequilibrios que se derivan de la insularidad y la lejanía”.
wJulio Cruz (PSOE). “Las ayudas al transporte tienen un anclaje legal desde hace muchísimos años, y resultan vitales para las comunicaciones internas en el Archipiélago, y entre Canarias y la Península. Es un nuevo maltrato a los canarios”.
wPedro Quevedo (NC). “Se está poniendo en cuestión el futuro de estas subvenciones, que no son, en ningún caso, un regalo que hace el Estado a Canarias, sino un derecho. Se trata de una escalada en la ofensa que ya se ha cometido al exigir el certificado de residencia”.
wCardona (PP). “Los canarios sabemos, y el Gobierno central sabe, que la ayuda que recibimos para acercarnos al resto de España es imprescindible para mantener el principio de la igualdad con el resto de los españoles. Es una ayuda que está relacionada con la distancia que Canarias tiene respecto al resto de España”.
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