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La Audiencia Provincial delibera el lunes sobre los recursos por el accidente de Spanair

EFE | Madrid

La sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid delibera el próximo lunes sobre los recursos presentados por las partes implicadas en el accidente del avión de la compañía Spanair que se estrelló en Barajas (Madrid) el 20 de agosto de 2008, donde murieron 154 personas y 18 resultaron heridas.

En una providencia de la magistrada Pilar de Prada, a la que ha tenido acceso Efe, se acuerda el próximo día 17 para deliberar sobre los recursos de apelación presentados contra el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, que redujo las imputaciones por el siniestro a dos técnicos de mantenimiento -José Antonio Viñuelas y Felipe García-.

Entre la docena de recurrentes en la causa se encuentran la Asociación de Afectados del Vuelo JK-5022, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), la ya extinguida compañía Spanair, así como abogados individuales de diversas víctimas.

En el escrito se señala que la citada magistrada de la sección 15 de la Audiencia madrileña resolverá sobre los trámites del procedimiento abreviado respecto a otras personas que también estuvieron imputadas en un principio: el jefe de mantenimiento Jesús Torroba, el jefe de la División de Mantenimiento en Línea de Spanair, David Torres, y el jefe de la División de Calidad de la compañía, Alejandro Sahuquillo.

También sobre el subdirector de Spanair, Javier Mendoza, y el director y el ejecutivo de servicio del aeropuerto de Barajas, así como sobre la petición de libramiento de una comisión rogatoria a los Estados Unidos.

Además, la providencia establece que el magistrado Carlos Fraile, también de la sección 15, lleve a cabo la resolución de las pretensiones de archivo y sobreseimiento de las actuaciones respecto a Felipe García y José Antonio Viñuela, así como la imputación de este último como autor, y no como cooperador necesario.

Fraile también deberá concluir sobre los trámites del procedimiento abreviado respecto a los responsables del fabricante McDonnell y de los presidentes de Boeing entre 1997 y 2005.

Asimismo, se deberá pronunciar sobre los directores generales de Aviación Civil Enrique Sanmartí, Ignacio Estaún Díaz de Villegas y Manuel Pérez Bautista, y de los certificadores anuales de la Dirección General de Aviación Civil que expidieron los certificados de aeronavegabilidad del avión (Spanair MD-82) EC-HFP.

Fuentes judiciales han explicado a Efe que los magistrados deberán concluir si se archiva el caso y se envía a la jurisdicción civil para determinar las posibles indemnizaciones, ratificar el auto del juez instructor y mantener como imputados a los dos técnicos de mantenimiento por 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones, u ordenar la práctica de nuevas diligencias.

En su auto de diciembre, el juez Juan Javier Pérez señaló que no era “posible” conocer la causa del fallo que se produjo en el TOWS -sistema de advertencia de configuración inadecuada para un despegue- y que los pilotos no desplegaron los flaps/slaps (alerones empleados para aterrizar y despegar).

Para el juez instructor, los dos técnicos de mantenimiento imputados debieron seguir investigando el fallo detectado en el avión antes de decidir aplazar su reparación y despachar el avión.

Pérez cerró su investigación apoyándose en los informes técnicos, especialmente en el de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Fomento, con cuyas conclusiones la Asociación de Afectados del Vuelo JK-5022 no está de acuerdo.