Hace tres semanas, en una entrevista publicada en dos periódicos de las Islas, respondía con esas palabras cuando me pidieron opinión acerca del actual debate sobre nuestro Estado autonómico. Luego, el martes día 11, el DIARIO publicó tres comentarios de sus columnistas de referencia sobre lo escrito por el presidente Rivero en su blog, acerca de las relaciones de Canarias con España, en los que decía “sí, pero así no”. La frivolidad de Rivero, impropia de un presidente, merecerá otro comentario, pero lo mencionó ahora para dejar constancia de que hasta en la forma de hacer una afirmación de tamaña dimensión ni siquiera fue original.
Por convicción y por coherencia soy un firme defensor del Estado de las Autonomías que alumbramos con la Constitución de 1978, pero ello no me hace ignorar que, tres décadas más tarde, se hace necesario una reflexión que, en mi caso, no pretende alentar la presión que desde algunos círculos mediáticos, sociales y políticos pretende abrir un proceso de recentralización del Estado. Esta es la idea que resumí en aquella entrevista a la que hice referencia con la afirmación con la que titulo este comentario. La cuestión tiene una magnitud que excede los límites de este espacio, pero la experiencia hace evidente que el pacto constitucional que hizo posible el título VIII de la Constitución, con sus virtudes y sus defectos, hoy ha sido superado y vulnerado en los casos catalán y vasco, a los que también parece sumarse Rivero con el oportunismo propio de un cambuyonero.
Las comunidades autónomas han permitido una saludable proximidad de la administración al administrado y, en su conjunto, una corrección positiva de las desigualdades territoriales. Pero con el paso de los años, han ido adquiriendo malos hábitos y vicios que las han llevado a la actual situación de insostenibilidad política y económica del sistema. Insostenibilidad política porque se ha perdido el principio de lealtad constitucional, consustancial a cualquier estado de estructura federal, como en la practica es el nuestro. Y económica por un clientelismo político y la creación de unas administraciones paralelas, so pretexto de una mayor agilidad funcional, con la creación de una vasta red de empresas públicas para dar cobijo a aquel clientelismo. Cuando dije a modo de ejemplo que en mi opinión los diputados regionales no tienen una exigencia de trabajo que justifique recibir salarios de miles euros mensuales, entre numerosas opiniones coincidentes de amigos, recibí un sms de un muy buen amigo que trascribo:”He leído con detenimiento tu entrevista de hoy”… y, después de algunos comentarios coincidentes, añadió: “No comparto en cambio aquello de la supresión del sueldo de los diputados. (…) Un discurso que no ayuda a mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de este oficio”.
No sé lo que pensará este muy buen amigo, al que admiro y respeto, después de conocer las recientes opiniones que en el mismo sentido han expresado, por ejemplo, Núñez Feijoo, Cospedal y Esperanza Aguirre. Porque el problema es que, primero, esa dedicación nunca puede ser un oficio; además de no necesitar una dedicación de más de algunos pocos días al mes, no mas de siete u ocho, siendo generoso. Y además, genera un gasto que ahora no nos podemos permitir. Y lo mismo podemos decir de los concejales, entre los que en Canarias “solo” el 60%, según un dirigente de la Fecam, recibe un salario público. Por esas y por otras muchas más razones defiendo que sí a las autonomías; claro que sí. Pero así, no.