LUIS F. FEBLES | La Orotava
Con la acuciante crisis económica, el fenómeno de los desahucios asola a muchas familias de la Isla. El temor de perder la vivienda al no poder hacer frente a los pagos de hipotecas u otro tipo de deudas, dejan desamparados a cientos de vecinos que se ven abocados a la dureza de la calle. Actualmente, ningún ayuntamiento del Valle dispone de una partida presupuestaria para hacer frente a este problema que aumenta paulatinamente con el paso de los días.
Así, los municipios de Puerto de la Cruz, La Orotava, Santa Úrsula y Los Realejos sí contemplan prestaciones económicas y asesoramiento jurídico para las familias que requieran este tipo de ayudas. Pese a no tener la responsabilidad subsidiaria de hacer frente a estas situaciones de emergencia, el consistorio portuense se sitúa como el que más notificaciones de desahucios por alquiler de viviendas ha recibido, con un total de 25, dato aproximado, según responsables de Servicios Sociales.
En este baremo, le sigue el municipio de Santa Úrsula con dos desahucios, y Los Realejos, sin conocimiento de familias que se hayan dirigido a Bienestar Social para informar sobre la falta de pago de la renta o cualquier otro incumplimiento contractual. En este sentido, el núcleo villero tiene constancia de notificaciones, pero se desconoce el número y la fecha exacta. De forma más específica, en el área de Servicios Sociales de la ciudad turística, para los casos de desahucio, se trata de “cantidades elevadas que son inasumibles para la Corporación, por lo que se hace efectivo, según las circunstancias, el abono de alquiler y ayudas para alimentos así como pagos de recibos de luz y agua”. Tal y como explican los responsables del área, “se tiene constancia de aproximadamente unos 25 desalojos forzosos que han notificado al Ayuntamiento, principalmente por no hacer efectivo el alquiler de la casa; por causa de hipotecas, no suele llegarnos ninguna notificación”.
Para el caso de la vecina Villa de La Orotava, el procedimiento de actuación suele seguir las mismas pautas. La concejala de Bienestar Social, Belén González (CC), indica a este periódico que se dispone de “una vivienda para alojar a familias de forma momentánea, además de las ayudas de emergencia social; buscamos la manera de realojar a los ciudadanos afectados”.
La nota diferenciadora la marca Los Realejos. Con un presupuesto de 70.000 euros para las ayudas de extrema urgencia social, dispone de una cantidad cercana a los 400 euros para hacer frente a situaciones que requieren una acción inminente. Pese a no disponer de un presupuesto concreto para evitar los desahucios, la edil de Bienestar Social, Noelia González (PP), deja claro que “aunque no sea competencia nuestra, intercedemos con las entidades bancarias para intentar dar solución a estos problemas. Nuestra labor está encaminada a la prevención; hasta el momento no tengo conocimiento de ningún hecho así”.
Por último, Santa Úrsula también sufre el duro látigo de este fenómeno. El primer teniente de alcalde, Víctor Hernández (el PSOE), entiende que “las cantidades que tendríamos que aportar son desproporcionadas”.
Así, afirma que se presta mediación con los agentes directos de los bancos. “Recuerdo los dos últimos casos, pero llegaron muy tarde y una de las familias no tenía mucho interés en solucionar la situación”, sostiene la misma fuente.
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Los bancos
Muchas son las voces discordantes y replicantes respecto al papel de las entidades bancarias en los desahucios. Pese a que el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos deja claro que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación y la vivienda”, colectivos como la Plataforma Antidesahucio de Tenerife, ponen en tela de juicio el papel de los bancos. Así, entienden que priman sus intereses económicos por encima de los derechos inalienables de las personas. En el mes de junio, uno de los casos más recientes en el Norte de Tenerife fue el aplazamiento hasta finales de septiembre de un desahucio a una vecina de Tacoronte, con cargas familiares, gracias a la ayuda de la Plataforma de Afectados y Afectadas por la Hipoteca de Tenerife. Se esperan más desalojos en el Valle.
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