La reforma que en el ámbito municipal trata de sacar adelante el Gobierno del PP, con su anteproyecto de ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración local, no responde en modo alguno a los necesarios cambios que se precisan para mejorar el funcionamiento de nuestros ayuntamientos. Defiendo racionalizar la estructura organizativa de la Administración local o clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con otras administraciones, pero no las medidas que plantea para alcanzarlo. Se trata de continuar con la demonización de lo público, que ya han venido haciendo con las comunidades autónomas o con los servicios públicos esenciales, culpabilizándolos injustamente de la crisis. Baste un dato clarificador: los ayuntamientos suponen el 12% del gasto público y han generado solo el 3% de la deuda. Esta reforma tiene un fundamento político e ideológico que se corresponde con su estrecha visión centralista y su obsesión por los ajustes, que tanto daño están haciendo a la economía y al empleo, así como a los servicios públicos. Y de aprobarse en su actuales términos, se va a convertir en un importante retroceso que pagaremos todos.

La actualización y modificación de la vigente ley reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) ha sido reclamada desde hace mucho tiempo por los ayuntamientos y sus organizaciones representativas, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Federación Canaria de Municipios (Fecam), así como por distintas organizaciones políticas, entre ellas Nueva Canarias. Pero el referido anteproyecto, presentado 27 años después de aprobada la LBRL, no responde ni a los anhelos de mejora expresados reiteradamente por los municipios, centrados en una mejor definición de las competencias y en una adecuada financiación éstas, ni a las necesidades de sus habitantes en una sociedad del siglo XXI. Por el contrario, esta propuesta del Ejecutivo español se limita exclusivamente a plantear recortes del gasto público y, asimismo, y de forma paralela, a impulsar una relevante disminución de los servicios hoy se prestan. Ello llevará a la desaparición de prestaciones, en unos casos, y a su entrega a manos privadas, en otros. Destila el texto legislativo un profundo intervencionismo centralista que intenta reducir sustancialmente la democracia. Una vez más, sin el necesario análisis y sin el menor consenso, desde el poder central se plantean modificaciones legislativas de gran calado. Éstas afectan al funcionamiento de las corporaciones locales y también a la calidad de vida de los ciudadanos. Aspecto este último al que han contribuido de manera muy relevante los ayuntamientos en la etapa democrática iniciada en 1979. Como bien señala la Fecam en su documento de alegaciones, los cambios deben venir tras un estudio riguroso sobre las competencias y servicios que se vienen prestando, así como sobre los problemas que se detecten vinculados a la posible concurrencia y duplicidad. Pero también, como acertadamente apuntan, abordando qué competencias y servicios deben prestarse en función de la demanda ciudadana, así como cuáles han sido los recursos financieros de los que han dispuesto las entidades locales hasta ahora y los que podrán disponer en el futuro. Comparto con la Fecam que la reforma no puede justificarse solo por el ahorro, sino que ésta debe respetar principios básicos de la administración local: “Subsidiariedad, descentralización y máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”. Y, también, en la compatibilidad entre los distintos principios en juego. Son numerosas las pruebas del centralismo. Visible en el artículo 2.1 de ella, que suprime el principio vigente de “máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos”, sustituyéndolo por el de “sostenibilidad financiera y “sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”. En el artículo 28, que suprime el correspondiente de la LBRL sobre las competencias municipales complementarias. En el 98, que recupera para el Estado la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración local con habilitación nacional. O, en fin, en el 213, que transforma los órganos de control financiero internos en una intervención delegada del Estado. Esta ley no tiene en cuenta en su articulado las singularidades de nuestra Comunidad. Entre otras razones, por su falta de reconocimiento a los cabildos insulares como administraciones propias de Canarias (reconocida en el Estatuto de Autonomía). Por cierto, en el anteproyecto no figuran los grandes anuncios del PP en la materia: reducción de ayuntamientos y de concejales, así como poner límites al capítulo 1, lo que lleva a pensar que será endurecido en el trámite parlamentario. Nueva Canarias apoya el documento que viene trabajando la Fecam para proponer mejoras al proyecto de ley planteado por el PP, y sobre todo, apoya la propuesta de que, en cualquier caso, esta ley tenga un apartado canario. Esta posición crítica es la que mantienen los alcaldes y concejales de Nueva Canarias. Y es la que defendimos en la reciente reunión del presidente canario con representantes de la Fecam y la Fecai, los grupos parlamentarios y miembros del Ejecutivo. Considero que nos encontramos ante una auténtica contrarreforma.

*Diputado autonómico y presidente de Nueva Canarias